Las alarmas cada vez suenan más fuertes en Canarias. Mientras el Congreso de los Diputados debate y vota la admisión a trámite de la modificación de la Ley Extranjería, la realidad migratoria canaria sigue empeorando a marchas forzadas. La urgencia es tal, que ni siquiera esta reforma atajaría, por completo, el problema de la llegada masiva de niños y adolescentes sin acompañar por familiares.

Las propias previsiones del Gobierno insular ya hacen que la proposición de ley se quede corta. La norma prevé facilitar la derivación de algo más de 2.500 menores migrantes sin acompañar desde Canarias hacia la Península y Baleares de los más de 5.500 que se encuentran actualmente en suelo canario, pero eso no solucionaría la crisis que viven las islas si no se consigue frenar a la vez la oleada de llegada de cayucos que anticipan tanto el Gobierno regional de Fernando Clavijo como el Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

Ambos pusieron negro sobre blanco, como adelantó este diario, una previsión demoledora: «Está prevista una agravación de la situación en este año, con unas 70.000 personas en espera en las costas de África». Pues bien, dirigentes del Gobierno de las Islas Canarias alertan a EL MUNDO de que a final de verano la cifra de menores migrantes sin acompañar tiene visos de multiplicarse desde los 5.500 actuales hasta «casi 20.000».

Es decir, podrían llegar unos 14.000 más si no se actúa para frenar el aluvión de salidas de cayucos en una doble vertiente: con acuerdos con los países de origen y tránsito, y desplegando a la agencia europea de inmigración, Frontex, como ya se hizo en Italia y en Grecia. Fuentes del Gobierno canario creen que es «urgente» que el Gobierno habilite un «plan de choque» no sólo para los menores no acompañados, sino, en general, para evitar que se hagan realidad las estimaciones de las ONG. Y las suyas propias.

«Esto no tiene límite», transmiten en el Gobierno canario a modo de SOS. Eso sí, fuentes de la Presidencia autonómica rebajan esa cifra a una estimación de 17.000 menores. En todo caso, 14.000 más del tope de 3.000 que podría asumir Canarias si logra elevar ese umbral desde los 2.000 actuales.

El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, aseguró ayer en Madrid que el ministro de Política Territorial y ex presidente canario, Ángel Víctor Torres, «ha tendido la oportunidad de llegar a un acuerdo para que salga adelante», pero no ha querido ceder para suscribirlo con el PP. «El Gobierno abandona canarias», añadió.

Y Fernando Clavijo ha estado en contacto con Alberto Núñez Feijóo, según ha sabido este diario, y le ha transmitido que entiende las peticiones del PP para articular un plan de choque. En todo caso, los populares canarios sí apoyan que se reforme la Ley de Extranjería para convertir en forzosos los traslados de menores a otras autonomías, mientras que Génova ya ha confirmado su «no» rotundo incluso a la tramitación de la norma.

De hecho, el PP ha endurecido de manera notoria su discurso migratorio, en las formas. Feijóo volvió a ligar ayer la inmigración irregular y la «inseguridad», como ya hizo en la semana final de campaña de las elecciones catalanas, en mayo.

Apenas 10 días después de que Vox rompiera con el PP los cinco gobiernos autonómicos de coalición, porque habían aceptado acoger menores migrantes sin acompañar, Feijóo apeló a la tranquilidad de salir a la calle a la hora de hablar de los migrantes irregulares: «Solidaridad sí, pero seguridad también. Para los que llegan, porque se juegan la vida, pero también para los que estamos, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle», dijo en su discurso ante la Junta Directiva Nacional de su partido, que es el máximo órgano que tienen los populares entre congresos.

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En ese punto, demandó «el respeto a nuestros valores, a nuestra cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales y a tener la libertad de poder sentirse seguros cada uno en su casa».

Pero Feijóo quiso acotar su discurso a quienes ejercen la violencia: «Hay miles de inmigrantes que han hecho de España una nación así, que nos han reforzado». Además, señaló que «para todos ellos, España es su casa. Pero no puede serlo para quien viene con otra actitud y otra intención», finalizó su argumentación el líder del PP.