La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, la misma que calificó la situación migratoria en las Islas como “de guerra”, ha criticado este viernes los discursos de odio hacia los niños migrantes que hay en el Archipiélago, y, en comisión parlamentaria, ha subrayado que deben ser atendidos “como nos gustaría que se atendiera a nuestros hijos si tuvieran la desgracia de quedarse sin nosotros”.

El ministro Torres anuncia que el Gobierno está dispuesto a acelerar la acogida de menores migrantes con un decreto ley

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En respuesta a la diputada del grupo Nacionalista (CC) Vidina Espino, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha insistido en que se deben hacer todos los esfuerzos que sean precisos para hacer las reformas legislativas que sean necesarias para que esos menores migrantes sean atendidos como “debe ser”.

Candelaria Delgado alude de ese modo a la modificación de la Ley de Extranjería y ha recordado que la semana pasada dos niñas pequeñas llegaron a la isla canaria de El Hierro en un cayuco, de las cuales una murió horas después, y ha recordado que durante la travesía habían perdido a sus madres.

La diputada del grupo Nacionalista Vidina Espino, que preguntó a la consejera por las medidas que se adoptarán para mejorar los programas de protección de menores en las islas, ha hecho hincapié en que tienen derechos sin importar su lugar de nacimiento, y ha criticado los discursos de odio del líder de Vox Santiago Abascal.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Vidina Espino ha destacado que en Canarias el problema no es de convivencia en los barrios con los menores migrantes, y sí de acogida de unos 6.000, y ha criticado que desde Vox se hable de devolverlos a sus familias cuando “no se sabe” quiénes son sus familiares.

La consejera ha coincidido en la necesidad de relanzar el programa de acogimiento familiar, como había planteado Vidina Espino, y ha señalado que es evidente que hay que hace esfuerzos para atender a los menores migrantes.