La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad” y a la “solidaridad” entre comunidades para la acogida de migrantes.

En una entrevista en la Cadena Ser, Cancela ha destacado que este no es un tema “del Estado, de las comunidades o de los ayuntamientos”: “O lo asumimos desde una perspectiva global o no seremos capaces de resolverlo”.

Así, ha pedido hacer un análisis contextualizado de la situación, recordando la posición geográfica de España y señalando que en este momento han llegado 26.000 personas más a la costa española y que el sistema se encarga de más de 50.000 personas.

“España, que en otro tiempo era país de tránsito, es ahora país de destino, porque consideran que es un país de oportunidades. Ocurre que ahora cambió el perfil. La mayoría son personas de Mali, de Senegal y piden asilo. Y cuando piden protección internacional hay que dársela y nuestro sistema tiene que acogerlos. Apostamos por una migración regular, segura y ordenada”, ha aseverado Pilar Cancela.

Además, ha reivindicado el “excepcional” sistema de acogida de España y ha insistido en que no hay nadie en situación de “infracondiciones”.

En este punto, sobre los menores no acompañados, sí ha apuntado que Canarias no tiene los recursos necesarios para acoger a los más de 6.000 que ha recibido, por lo que ha señalado la necesidad de establecer con la modificación de la ley de extranjería un sistema que “permita derivar a la península y un reparto entre comunidades con carácter solidario”.

“Hablamos de niños y niñas. Lo que se acordó fueron 300. Es una cifra absolutamente ridícula ¿Eso qué resuelve? ¿Me está diciendo que un reparto a cada comunidad de 100, 80 o 50 niños que le pueden tocar desestabiliza? ¿En un país con más 47 millones de habitantes? Lo que debe haber es una llamada a la responsabilidad”, ha manifestado antes del debate este martes en el Congreso de la modificación de la ley orgánica.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con la Xunta para la acogida de 470 personas migrantes en Galicia y ha subrayado que la comunidad gallega “siempre fue solidaria”. “Es el camino institucional que debemos seguir”, ha sostenido.

Aún sobre este asunto, la secretaria de Estado de Migraciones ha considerado “un peligro” e incluso “una osadía y un atrevimiento” ligar a las personas migrantes “con delincuencia e inseguridad”.