El Gobierno arriesga su entereza y con ella la de una legislatura maniatada por la volatilidad, en un final de julio que las circunstancias han convertido en termómetro del año transcurrido desde que Pedro Sánchez lograra contra pronóstico aguantar el tipo y la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La casualidad ha hecho que el próximo martes, justo cuando se cumplen doce meses de aquella cita con las urnas que encadenó la investidura a los pactos con el soberanismo, el Ejecutivo tenga que pasar la prueba en el Congreso de la reforma de una ley de extranjería que el desmarque de Junts había dejado en manos del PP. Los populares ratificaron este domingo al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que siguen en el ‘no’ al considerar desechadas sus condiciones. Y en el trasfondo, el presidente se juega la incierta investidura de Salvador Illa en Cataluña que los socialistas negocian, contra el reloj, con Esquerra.

Lo más perentorio tiene como escenario el cargado pleno que celebrará el martes que viene en la Cámara Baja, donde se debatirá y votará la proposición de ley registrada hace una semana por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria que gobierna las islas junto al PP para reajustar la norma vigente desde 2000 sobre extranjería. En síntesis, el objetivo es un cambio en el artículo 35 para obligar literalmente a las comunidades a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados cuando alguna de ellas, como ocurre ahora en el archipiélago canario, vea desbordada en un 150% su capacidad de acogida.

El Gobierno arriesga su entereza y con ella la de una legislatura maniatada por la volatilidad, en un final de julio que las circunstancias han convertido en termómetro del año transcurrido desde que Pedro Sánchez lograra contra pronóstico aguantar el tipo y la Moncloa tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023. La casualidad ha hecho que el próximo martes, justo cuando se cumplen doce meses de aquella cita con las urnas que encadenó la investidura a los pactos con el soberanismo, el Ejecutivo tenga que pasar la prueba en el Congreso de la reforma de una ley de extranjería que el desmarque de Junts había dejado en manos del PP. Los populares ratificaron este domingo al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que siguen en el ‘no’ al considerar desechadas sus condiciones. Y en el trasfondo, el presidente se juega la incierta investidura de Salvador Illa en Cataluña que los socialistas negocian, contra el reloj, con Esquerra.

Lo más perentorio tiene como escenario el cargado pleno que celebrará el martes que viene en la Cámara Baja, donde se debatirá y votará la proposición de ley registrada hace una semana por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria que gobierna las islas junto al PP para reajustar la norma vigente desde 2000 sobre extranjería. En síntesis, el objetivo es un cambio en el artículo 35 para obligar literalmente a las comunidades a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados cuando alguna de ellas, como ocurre ahora en el archipiélago canario, vea desbordada en un 150% su capacidad de acogida.