GREGORIO BUSTAMANTE/
El número de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en España disminuyó ligeramente durante el mes de julio. Han sido poco más de mil los nuevos desocupados, cantidad casi equivalente a la experimentada en Murcia, donde también en el mes anterior el desempleo aumentó entre los inmigrantes. Aunque la economía regional no ha dejado de crecer a buen ritmo, algunos sectores, como la agricultura y la construcción, se han resentido.

Es pronto aún para deducir el comienzo de una desaceleración en la creación de empleo. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la exagerada inflación regional y los problemas derivados de la sequía puedan prolongarse, y el mes próximo suba de nuevo el paro, especialmente entre los inmigrantes.

Parece recomendable que los responsables autonómicos y del gobierno central, que intervienen en cuestiones de extranjería, empleo y asuntos sociales, trabajen conjunta y coordinadamente en posibles medidas a aplicar ante un hipotético incremento continuado del desempleo, así como ante la permanente llegada de ilegales a la Región. Claro que para esto último, primero tendrían que ponerse de acuerdo ambas administraciones sobre cuántos extranjeros irregulares tenemos ya ¿7.000 ó 30.000?, y después dar a conocer dónde están, qué hacen, de qué viven…Pero sobre todo deberían intentar poner orden en esta materia.

Somos muchos los que nos sobrecogemos con la odisea diaria de cientos de inmigrantes en cayucos, pateras, en los bajos de camiones o encerrados en contenedores y cajas de mercancías, que llegan hacinados, hambrientos y deshidratados a Canarias o a las costas andaluzas, que permanecen, igualmente amontonados, en centros de acogida y luego son dispersados no se sabe bien por dónde, con qué criterios ni bajo qué condiciones.

Es en esta segunda parte del éxodo peninsular, con menos ayudas, más inseguridad para propios y extraños, cuando la política informativa a los ciudadanos – receptores comprensivos de tales expediciones, aunque involuntarios – es más oscura o inexistente. De ahí que muchos nos preguntemos, por ejemplo, ¿cuantos ilegales de todos los llegados a las islas o a la península son repatriados?, ¿cuántos son enviados a otras regiones?, ¿qué criterios se siguen?, ¿qué se puede hacer para minimizar los efectos?…

Estos interrogantes, nada baladíes, por otra parte, deberían ser contestados ante la magnitud que día a día está adquiriendo el problema, en lugar se seguir con el absurdo y largo rifirrafe político – autonómico – central por cualquier cosa. Parece una demanda ciudadana que, al menos en Murcia, no debe quedar sin respuesta.