Una amplia mayoría de diputados en el Parlament de Cataluña, concretamente aquellos adscritos a los grupos de PSC-Units, Junts, ERC, los comunes y la CUP, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para “conjurarse contra la extrema derecha” y presentar su acuerdo para llevar a cabo “un cordón sanitario” tanto a Aliança Catalana, “la ultraderecha independentista”, como a Vox, durante la presente legislatura, algo que ya se manifestó, según denunció la formación de Ignacio Garriga, en el reparto de los senadores de configuración autonómica. Los representantes de las formaciones que han suscrito el texto, que ya firmaron un compromiso en campaña para “aislar a la ultraderecha y combatir sus discursos y políticas”, se comprometen, pues, a “no aceptar ni por acción ni por omisión los votos de la extrema derecha para formar una eventual mayoría de investidura”, algo que está todavía en el aire a poco más de un mes para que termine el plazo de investidura de un nuevo presidente de la Generalitat.

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Bajo el nombre ‘Por un Parlament comprometido con la democracia, los derechos y la diversidad’, 107 de los 135 diputados de la Cámara catalana firman están de acuerdo en “la necesidad de usar los espacios de intervención en la Cámara para combatir los discursos de odio, defender los derechos humanos y contrarrestar informaciones falsas”, dejando claro que no apoyarán ninguna candidatura de Vox y Aliança para ocupar órganos de gobierno del Parlament, ya sea en la Mesa, como sucedió en la votación de la misma, o en otros espacios como las comisiones parlamentarias. El texto, además, insiste en “no normalizar ni legitimar su acción política”, comprometiéndose a “no suscribir ninguna iniciativa parlamentaria conjunta con ellos, evitar buscar su acuerdo para hacer prosperar o tumbar iniciativas, intentar que no salgan adelante sus propuestas y no convocarlos cuando haya encuentros de trabajo entre grupos y entidades”. Solicitan, asimismo, al presidente del Parlament, Josep Rull, que trate de impedir y en su defecto, sancione los “discursos en los que se criminaliza a la inmigración”.

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Preguntados los representantes de los grupos por si aprovecharán la reforma del reglamento de la Cámara para incluir sanciones a grupos parlamentarios por discursos de odio, la diputada de ERC Najat Driouech ha respondido en sala de prensa que el “espacio idóneo” para trabajar en las sanciones de este tipo será la comisión para reformar el reglamento, y ha reclamado que haya alianzas por parte del sector de la comunicación para aislar los discursos de este tipo. La diputada de Junts Judith Toronjo ha señalado, por su parte, que se trata de un primer acuerdo que busca dar continuidad al firmado en la anterior legislatura, y añadiendo que seguirán trabajando en él para “frenar a la extrema derecha”. “A la extrema derecha ni agua, ni en castellano ni en catalán”, ha subrayado el diputado de los comunes Andrés García, celebrando el acuerdo para “barrar el paso al fascismo”. Desde la CUP, la diputada Laure Vega ha acusado a Vox y Aliança de ser “débiles y cobardes”, aunque ha avisado de que estas fuerzas “seguirán existiendo mientras haya una sociedad dividida”.

Tanto Vox como Aliança Catalana han criticado, naturalmente, un pacto que “va en contra de los valores democráticos y de la pluralidad”, según ha explicado la líder de la extrema derecha independentista Sílvia Orriols, que ha publicado en la red social X que “no nos callarán” aunque considera, como ha repetido en otras ocasiones, que este “aislamiento” les puede beneficiar electoralmente. Con este texto “lo único que declaran es que no respetan la democracia, ni los derechos políticos, ni la diversidad ideológica”, ha concluido Orriols, algo que también comparte Garriga, líder de Vox en el Parlament: “No nos callaron en 2021 y no nos van a callar ahora”, ha publicado en el anterior Twitter. A su juicio, dicho acuerdo “no es un cordón contra Vox, es un cordón contra la seguridad, la prosperidad y la libertad de todos”.