No es verdad que la acogida de menores migrantes marcase un antes y un después para los cinco gobiernos autonómicos del PP y Vox. Tampoco era un movimiento políticamente disruptivo. Y no es verdad que los pactos de gobernabilidad que inauguraron esta breve conllevanza obligasen a rechazar la tutela de esos niños y adolescentes. Es más: este problema específico no se citaba en ninguno de ellos.

De hecho, no es verdad que acoger a menores migrantes supusiera una novedad para las coaliciones de Castilla y León, Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana y Extremadura. ¿Por qué? Porque desde que el PP y Vox comenzaron a gobernar juntos hasta el miércoles pasado, esas CCAA acogieron a 557 menores, según los datos oficiales que ha recabado EL MUNDO de todas ellas.

Es decir, más del quíntuple de los 110 que aceptaron el día 10 y que provocaron la ruptura. Dicho de otra manera más clara: Santiago Abascal finiquitó los pactos por una quinta parte de los menores que ya habían acogido estas comunidades desde que Vox gobernaba en ellas.

Los datos en poder de este diario se circunscriben únicamente, en Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia, a los meses de duración de las coaliciones. Y en el caso de Castilla y León, desde abril de 2022, cuando se formalizó institucionalmente la primera alianza de populares y ultras.

El desglose de esas cifras es muy esclarecedor. Por ejemplo, Murcia había acogido 145 menores migrantes sin acompañar desde noviembre hasta la semana pasada, según los registros oficiales del Gobierno regional. Esa cantidad incluye «tanto derivados de Canarias y Ceuta como por llegada directa» a las costas murcianas.

O sea, antes del acuerdo con la ministra Sira Rego para hacerse cargo a 16 menores, el gobierno de coalición entre Fernando López Miras y José Ángel Antelo había tutelado ya nueve veces más. ¿Por qué no rompió Vox entonces? Además, sólo en los siete días previos a la ruptura, Murcia recibió cinco pateras con otros 16 menores. Justo los mismos que propiciaron el portazo de Vox. Y que, por supuesto, se han acogido. Como siempre.

En la Comunidad Valenciana se contabilizan 250 menores migrantes sin acompañar desde que Carlos Mazón comenzó a gobernar con Vicente Barrera (Vox) hasta el miércoles pasado. Once veces más que los 23 que precipitaron la ruptura. Y eso que la de 250 «es una cifra no definitiva, porque también han llegado menores camuflados entre mayores» que aún no se han incluido en la base de datos.

En el caso de Aragón es donde Vox suspende con más claridad la prueba del algodón de la coherencia. En octubre de 2023, el gobierno de Jorge Azcón aceptó tutelar a 24 menores, de los que ya han llegado 18 (los otros seis lo harán a final de mes). En ese momento, Vox convocó la Comisión de seguimiento del pacto de gobernabilidad… y acabó aceptando el reparto.

En la reunión del 21 de febrero, PP y Vox estipularon que acoger menores es competencia de la Consejería de Asuntos Sociales (del PP), y convinieron que no había motivo alguno para romper, porque en el pacto de gobernabilidad nada se dice sobre «inmigración», una palabra que aparecen un total de cero veces en ese acuerdo que firmaron en agosto de 2023 Ana Alós (PP) y Alejandro Nolasco (Vox). Lo único que se estipulaba era «suprimir cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos».

La otra autonomía donde afloran con más claridad las contradicciones de Vox es Castilla y León. ¿Por qué? Porque esta comunidad acogió, ya con Juan García-Gallardo de vicepresidente, a 85 menores huérfanos ucranianos, sin que Vox lo considerase una afrenta. Además, desde abril de 2022 a finales de 2023 la Junta que preside Alfonso Fernández Mañueco aceptó la derivación de otros 40 menores provenientes de África. Es decir, el doble que los 21 que propiciaron que el acuerdo volara por los aires.

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Extremadura no ha procesado aún todos los datos, pero contabiliza un mínimo de 19 inmigrantes menores de edad sin acompañar por familiares desde diciembre de 2023, con Vox en el Gobierno. En el pacto que hizo presidenta a María Guardiola tampoco aparece ninguna mención a la inmigración.

Así que no, no es verdad que reubicar a 110 menores fuera un cambio político, porque esas mismas regiones habían acogido ya, con Vox pisando moqueta, el quíntuple. Un mínimo de 557. (Y no son «menas», que es un acrónimo cosificador y peyorativo. Son personas, dramas humanitarios con patas).