A. MATEO /P. DE LAS HERAS/
ALMERÍA/MADRID. El Gobierno reunirá en septiembre a los responsables autonómicos en materia migratoria para estudiar la redistribución en toda España de los menores que llegan a las costas españolas sin documentación. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, adelantó ayer que el Ejecutivo pretende asumir esta tarea, que ya lleva a cabo con los adultos, para atender a las reclamaciones de comunidades como Canarias, Ceuta y Melilla desbordadas ante la gran cantidad de adolescentes solos que desembarcan en su territorio. Como política social, la protección del menor es una competencia autonómica. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió en junio con el presidente canario, Adán Martín, a promover la solidaridad interregional para repartir la carga.

Los centros de acogida canarios albergan ya a más de 650 menores inmigrantes y la consejería de Asuntos Sociales calcula que a finales de año la cifra podría ascender hasta 900. Según Martín, cada uno de ellos cuesta al año 3.000 euros. En Ceuta y Melilla la situación es similar. Los presidentes de ambas ciudades autónomas, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, aseguran que sus instalaciones sufren una «saturación absoluta».

La secretaria de Estado de Inmigración, se mostró aún así optimista y aseguró que los gobiernos autonómicos han dado ya una «muestra de voluntad» al aceptar celebrar una conferencia sectorial sobre la cuestión.

Los buenos augurios de Rumí chocan con la polémica suscitada con las autonomías del Partido Popular a raíz de la distribución de adultos llevada a cabo por el Ejecutivo central en lo que va de año. Alrededor de 11.000 inmigrantes han sido trasladados desde Canarias a la Península.

«Vuelos selectivos»

La responsable de inmigración afirmó ayer – tras recibir en Almería un premio de la UGT por su labor – que esta medida se realiza «con total transparencia» y que siempre se avisa a los gobiernos regionales pertinentes. No es eso lo que sostiene el primer partido de la oposición, ni el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. El secretario ejecutivo de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, denunció que el Gobierno está recurriendo a «vuelos selectivos» hacia comunidades gobernadas por su formación. Su queja se fundamenta en una respuesta parlamentaria del gabinete de Zapatero a su grupo. De ella se desprende que la mayor parte de los vuelos fletados para el traslado de inmigrantes en situación irregular tuvieron como destino Madrid, Málaga, Murcia y Barcelona. Sin embargo, la secretaria de Estado de Inmigración aseguró que su elección no tiene que ver con cuestiones políticas sino con la capacidad de los centros de internamiento situados en cada zona.

«Esto se hace – recordó – por un acuerdo que buscaba solidarizarse con la situación que siempre ha vivido el archipiélago canario». Algo similar podría ocurrir pues con los menores. «A nosotros no nos corresponde hacernos cargo de ellos», remarcó. La matización es importante porque el Ejecutivo canario ha llegado a pedir que el Estado asuma la gestión de los centros de reclusión de menores. Una posibilidad que ya ha sido rechazada por la Administración central. La competencia es de las comunidades, subrayó Rumí, porque «así lo quisieron». COLPISA