Los 1.340 kilómetros de frontera que separan Finlandia de Rusia se han convertido en el último año en un nuevo foco de tensión migratoria en los confines de la Unión Europea. Solamente el pasado mes de noviembre, los puestos fronterizos del este del país nórdico registraron 900 solicitudes de asilo, una cifra 30 veces mayor de lo habitual. Desde Finlandia se acusa a Rusia de “instrumentalizar a los inmigrantes ”, facilitando su llegada a una frontera que, sin la permisividad de Moscú, sería improbable que pudieran alcanzar, según denuncian las autoridades finlandesas.

La reacción del Ejecutivo de Helsinki fue el cierre completo de los pasos en la frontera, desde el mes de diciembre hasta hoy. Pero esta medida no era suficiente y el Gobierno finlandés ha ido más allá con la aprobación de una ley que permitirá bloquear temporalmente la entrada de solicitantes de asilo y devolverlos a territorio ruso, sin que los solicitantes tengan derecho de apelación. Según han alertado varios expertos y organismos internacionales, la ley supone un recorte de derechos fundamentales y contraviene los tratados internacionales para la acogida de personas refugiadas, además de que establece un peligroso precedente en Europa.