El traslado obligatorio de menores migrantes desde Canarias hacia la Península sigue paralizado. Sin embargo, el Estado y las comunidades sí han logrado desatascar este miércoles en Tenerife el reparto voluntario de 347 niños y adolescentes, el segundo de los puntos de la orden del día. Esta medida lleva años saliendo adelante, pero en la actualidad resulta insuficiente para aliviar el colapso de la red de protección del Archipiélago, que tutela en la actualidad a 5.600 jóvenes. Para paliar la saturación de los recursos, habría que reubicar al menos a 2.000 menores. Además, la cuota solidaria cerrada en 2022 y en 2023 no se ha cumplido. El año pasado, el 80% de las derivaciones acordadas no se produjeron, tal y como informó la ministra de Infancia, Sira Rego, antes de la Conferencia Sectorial de Infancia.

El PP se limita a desbloquear un reparto voluntario de 347 menores y aplaza la decisión sobre hacerlo obligatorio

A pesar del fracaso de los últimos años, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha celebrado el consenso de todas las comunidades respecto a esta medida. Delgado ha asegurado que este año “se están realizando los repartos del año 2023” y que la comunidad está en contacto con el resto de regiones de la Península para “tramitar la documentación”. De los 373 traslados comprometidos en 2023, se han producido 67, a pesar de que el Estado repartió 20 millones de euros para ello. Doce comunidades no cumplieron con su compromiso. Solo Andalucía, Asturias, Aragón y Navarra acogieron menores desde Canarias y Ceuta, y ni siquiera recibieron a todos los que le correspondían.

“Hemos visto que este mecanismo tenía sentido hace unos años. Ahora la situación exige políticas dimensionadas”, valoró la ministra de Infancia al terminar la reunión, que se prolongó durante más de cuatro horas. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtió que los recursos de Canarias están “al 300% de su capacidad” y planteó la reforma de la Ley de Extranjería como la única forma de aliviar la presión sobre los recursos y garantizar la protección de los niños y las niñas.

El compromiso de 2024

Todas las comunidades, salvo Catalunya, votaron este miércoles a favor de la derivación no vinculante de 347 menores desde Canarias y Ceuta. Este acuerdo fue rechazado por las autonomías del Partido Popular en la Conferencia Sectorial del 11 de junio y ha salido adelante en la reunión convocada en Tenerife. Así queda la reubicación de menores migrantes por comunidades:

Reparto voluntario acordado por las Comunidades Autónomas este miércoles
La reforma legislativa, bloqueada
Ángel Víctor Torres lamentó este miércoles que las comunidades gobernadas por el Partido Popular hayan sido capaces de apoyar estos traslados voluntarios y no mostraran su apoyo a la reforma legislativa para que estas derivaciones puedan ser obligatorias. ‘’Es una medida que valoramos, pero que exige una modificación legislativa para que sea eficiente y eficaz’‘, ha señalado. Un día después de la Conferencia Sectorial de Infancia, el ministro ha acusado al partido de Alberto Núñez Feijóo de competir con Vox para ver ’’quién es más insolidario’’ y de intentar arreglar con ’’parches’’ la saturación del sistema de acogida de Canarias.

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP optaron por no posicionarse sobre la medida y decidieron aplazar su decisión ‘’para estudiar mejor el texto’‘. Según los consejeros populares, el Estado envió el contenido del borrador solo un día antes de la reunión, una afirmación que desmintió el ministro de Política Territorial. ’’Todos los grupos políticos tienen el texto desde hace semanas’’, aseguró, insistiendo en que fue distribuido antes de la ronda de contactos que Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvieron con los grupos parlamentarios.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha amenazado con ‘’acudir a la Justicia’’ y declarar a la comunidad autónoma como ’’inhabilitada’’ si no obtienen respuestas para reformar la Ley de Extranjería. ‘’No vamos a ser cómplices de una situación en la que se vulneran tratados internacionales’’, ha dicho el líder de Coalición Canaria.

Además, ha advertido que los traslados voluntarios requieren de un ‘’procedimiento muy complejo que dificulta la inmediatez que se necesita para que se alivie la situación de Canarias’‘. ’’En 2021 salieron de Canarias 2.015 menores, pero llegaron 2.600. En 2023, nos llegaron 3.728 menores, pero solo han salido 32“, ha detallado en una entrevista radiofónica. ”Esto no es un problema político, ni territorial, es un problema humanitario. Tenemos que dar una respuesta como país“, ha insistido el presidente canario.