El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado apenas unas horas antes de que se celebre en Santa Cruz de Tenerife la conferencia sectorial sobre inmigración, que los Gobiernos autonómicos encabezados por su partido acogerán a los 400 menores pendientes de distribuir entre los distintos territorios. De ellos, 300 procederán de las islas Canarias y 100 de la ciudad autónoma de Ceuta.

Con este anuncio el presidente de los populares planta cara a la amenaza de Vox, socio del PP en los Ejecutivos de Aragón, Extremadura, Murcia, Valencia y Castilla y León, de romper con sus pactos de gobierno.

Desde la formación que dirige Santiago Abascal se mantiene firme la posición de que todos los menores inmigrantes no acompañados deben ser devueltos a sus lugares de origen y se les relaciona directamente con los niveles de inseguridad y violencia. En este sentido insisten en su advertencia de que romperán con el PP en aquellas comunidades en las que se acepte su acogida. A estos avisos, el líder del PP ha respondido asegurando que los populares “cumplen taxativamente los compromisos de un partido de Estado” y ha añadido que " no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber y el PP está cumpliendo con su deber".

Tras conocerse el anuncio de Feijóo, las autonomías populares han empezado a pronunciarse confirmando su aceptación de la acogida. Es el caso, por ejemplo, de Castilla León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco; de Aragón, encabezada por Jorge Azcón o de la Comunidad Valenciana, liderada por Carlos Mazón. En las tres, Vox forma parte del Gobierno como socio minoritario.

Feijóo ha asegurado que las comunidades “populares” están “al límite de su capacidad de acogida asumiendo 5.000 menores” o lo que es lo mismo, “el 80% de los que se encuentran en centros de toda España”, no obstante, ha recalcado que todas ellas harán “un último esfuerzo” para paliar la situación de excepcionalidad por la que atraviesan Canarias y Ceuta y la “ausencia de política migratoria del Gobierno”.

El líder del PP ha reprochado al Ejecutivo su improvisación, su falta de planificación, el no haber declarado la emergencia migratoria y, además, no dotar a las comunidades de recursos para hacer frente a las necesidades de educación, sanidad y servicios sociales de los menores.

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Así, tras asegurar que las autonomías gobernadas por su partido votarán a favor y aceptarán el reparto de los 400 menores que están pendientes de ser trasladados a la Península, ha reclamado al Ejecutivo central que, cuando los distintos territorios lleguen a su límite de asistencia, sea el Gobierno quien habilite las instalaciones oportunas y les proporcione la atención y los recursos necesarios.

La petición de una política migratoria clara, con recursos suficientes y planes consensuados entre todos los territorios para hacer frente al problema específico de los menores no acompañados es una reclamación prácticamente unánime que las autonomías, independientemente, de su color político expresarán en la Conferencia Sectorial.

En el orden del día de la reunión se abordarán dos puntos: el primero afecta al reparto urgente de los 400 menores no acompañados de acuerdo con el sistema de solidaridad voluntaria vigente hasta la fecha y que apenas se ha cumplido. Tras el anuncio de Feijóo todo hace indicar que este punto saldrá adelante.

El segundo, hace referencia a la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería, concretamente su artículo 35, a fin de convertir en obligatorio el reparto de los menores entre las distintas comunidades cuando alguna de ellas supere el 150% de su capacidad de acogida. Este aspecto sólo será objeto de explicación por parte de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y sólo se sustanciará cuando la propuesta llegue al Congreso, bien bajo la fórmula de proposición de ley como pretende el Gobierno, bien como decreto ley que tendría posteriormente que ser convalidado por la Cámara, como propone el Gobierno de Canarias.