Los agentes que llevaron a cabo la operación contra el artista y empresario Nacho Cano se saltaron todos los protocolos policiales al llevar a cabo la detención y la toma de declaración de sus empleados. Según explican fuentes policiales, una comisaría de distrito no es la que está facultada para una actuación en la que se presume que puede haber delitos contra los seres humanos. Según estas fuentes, la comisaría de centro, dirigida por el comisario Alberto Carba, tenía que haber elevado los datos de la denuncia que recibió por parte de una de las trabajadoras del musical Malinche.

El protocolo de actuación sobre trata de seres humanos “no permite llevar actuaciones a una comisaría de distrito”, apuntan estas fuentes. “Lo debía haber elevado a la Brigada de Extranjería de Madrid o, incluso, a la Ucrif” (Unidad contra las redes de inmigración y falsedades). «Ellos son los que están especializados en estos casos, sean de la magnitud que sean», aclaran estas fuentes, que se muestran extremadamente molestas no solo con la actuación de esta comisaría sino también por el despliegue policial y el eco mediático de una operación «que se tenía que haber llevado al menos inicialmente de manera más discreta».

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Según explicaron a EL MUNDO estas fuentes, los responsables de la operación solo informaron a las unidades especializadas “a posteriori”, lo que ha provocado un malestar interno importante. Estas fuentes conocedoras del caso apuntan que, pese a que no se siguieron los protocolos policiales, los agentes obtuvieron chats y comunicaciones que llevaron a la convicción policial para actuar contra Cano por su espectáculo.

Marlaska responde a Nacho Cano: “La Policía no persigue a personas, sino delitos”EL MUNDO / EFE
En el ámbito policial no olvidan que este operativo “tan mediático” ha estado dirigido por el mismo comisario que llevó a cabo la operación contra el bailador Rafael Amargo y que fue desmontada por la justicia. Y, además, recuerdan que su actuación fue muy cuestionada tanto a nivel policial como judicial en el llamado caso Villarejo.

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Carba presentó un informe contra la doctora Elisa Pinto, la dermatóloga apuñalada, en el que cuestionaba la agresión. En breve, tanto el comisario como el empresario Javier López Madrid se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por este caso. En las conversaciones judicializadas se detectaron contactos de Carba con López Madrid cuando ya éste estaba siendo investigado, dato que fue afeado en diferentes escritos judiciales al mando policial. Asimismo, como denuncian los trabajadores de Cano, el trato policial a los testigos del entorno de la agredida fue cuestionado. Se habló de toma de declaración condicionada y orientada únicamente a respaldar los datos ya soportados en el atestado policial. Carba llegó a olvidar en uno de sus informes que el vehículo de la doctora había sido grabado en vídeo el día de la agresión.

En el seno policial han caído también como una bomba las acusaciones de Nacho Cano contra la Policía. Censuran las duras críticas a todo el estamento policial por una determinada actuación concreta. La Confederación Española de Policía (CEP) calificó ayer de “intolerable” la estrategia de defensa del músico Nacho Cano y le ha invitado a que “deje de dar el espectáculo atacando de forma indiscriminada” a policías y “acusándolos” de delitos sin tener prueba de ello. La CEP calificó de “censurable, injusto e intolerable”, el posicionamiento de Cano. Entiende que la defensa de Cano sigue la “ley del embudo”, que pide respeto a la presunción de inocencia “para sí mismo”, mientras “niega ese derecho a un grupo de profesionales que no pueden responder a esas acusaciones”.