Todas las comunidades autónomas —a excepción de Catalunya, que se ha abstenido— han votado a favor de acoger de forma voluntaria a 347 menores migrantes no acompañados (260 llegados a Canarias y otros 87 ubicados en Ceuta), como se viene haciendo cada año desde 2022. Una cifra que no responde, ni de lejos, a la situación de emergencia que se vive en el archipiélago que, con casi 6.000 menores bajo su tutela, necesita reubicar en la península a al menos 3.000 de ellos.

Ante este parche para un modelo de redistribución solidario que ha fracasado, el Gobierno ha buscado hoy en la Conferencia Sectorial celebrada en Tenerife el apoyo de todas las regiones para una reforma legislativa que convierta el sistema en obligatorio en caso de crisis migratoria. Y en este punto no ha habido consenso entre las comunidades, por lo que la modificación de la ley de Extranjería, que iniciará este mes su trámite parlamentario, sigue en el aire.

La reunión ha arrancado a media tarde con un clima de tensión, después de que las comunidades gobernadas por el Partido Popular declinasen la invitación de visitar un centro de acogida de menores colapsado en Tenerife. Ante el desplante, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha retado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a que acuda a uno de esos centros “para mirar a los ojos” a los niños que están allí. Las consejeras conservadoras que asistieron a la reunión mostraron su malestar con el Gobierno durante reunión, advirtiendo que no tolerarían “ni la más mínima insinuación de insolidaridad” por parte de sus gobiernos autonómicos, según fuentes presentes.

Según el documento de distribución territorial al que tuvo acceso La Vanguardia, se establece distribuir a 300 menores llegados a Canarias y 100 a Ceuta. Sin embargo, 40 de los primeros se quedarán en las islas, con la financiación correspondiente a esas plazas para cubrir los gastos generados, y 13 en la ciudad autónoma del mismo modo. Así, 260 ahora ubicados en Canarias y 87 en Ceuta deberán pasar a la península. Catalunya encabezaba el reparto del que se ha abstenido con 31 menores, seguida de Andalucía, Extremadura y la Comunidad de Madrid con 30 niños y adolescentes. Continúan el listado Cantabria (29), Galicia (26), Asturias (24) y la Comunidad Valenciana (23). El reparto lo cierra La Rioja con cuatro menores. Los criterios por los que se estableció el reparto tienen que ver con la población, la renta per cápita o el parto de las comunidades.

La Conferencia Sectorial ha tenido más componente político, que soluciones. El acuerdo alcanzado no servirá para taponar la herida. El reparto voluntario fue ideado en 2022, cuando la presión migratoria que sufría España era mucho menor, como fruto de la reconciliación con Marruecos. Durante dos años consecutivos el Ministerio de Derechos Sociales, que dirigía Ione Belarra, logró que todas las comunidades asumieran la acogida de pequeñas cuotas de menores para aliviar al situación en Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, este modelo ha fracasado a todas luces, según denuncias consejeros del ramo de distinto signo político: los repartos no se han completado y, sobre todo, la situación migratoria ha cambiado radicalmente: ahora El Hierro es la principal puerta de acceso a Europa.

Las cifras hablan por sí solas. En octubre del pasado año se acordó una distribución similar a la pactada ayer en una Conferencia Sectorial idéntica. Las comunidades rubricaron el traslado a la península de 396 niños y adolescentes procedentes de Canarias y las ciudades autónomas. Nueve meses más tarde, sólo se han materializado 67 de esos traslados a Andalucía (Partido Popular), Aragón (PP-Vox), Asturias (PSOE) y Navarra (PSOE-Geroa Bai-Contigo). “El sistema ha fallado”, concluyen fuentes ministeriales.

Con este modelo fracasado, el Gobierno central y canario tienen todas sus esperanzas en la modificación de la Ley de Extranjería que, de llegar al Boletín Oficial del Estado, serviría para activar un mecanismo de traslado obligatorio en caso de que la comunidad supere el 150% de su capacidad. Este fue el punto que ha acaparado la mayor parte de la Conferencia Sectorial. Las comunidades del Partido Popular han acutado en bloque, recriminado al Gobierno que les enviase tarde el borrador. Se comprometieron a estudiarlo, pero no trasladaron su postura. Algo que en todo caso recaerá en la bancada del Partido Popular en el Congreso, donde se debatirá la reforma.

Fuentes presentes en la reunión aseguran que una de las consejeras más contundentes ha sido la madrileña Ana Dávila, quien ha cargado contra “la inacción” del Gobierno de Sánchez, a quien culpó de “endosar” a las autonomías “un reparto impuesto que no soluciona nada”. Dávila ha ido a más y ha avisado de que la propuesta“puede ser inconstitucional”.

La consejera de Andalucía, Loles López, ha puesto sobre la mesa la llegada a su comunidad de 454 menores “camuflados” como adultos; algo que ha hecho tensionar el sistema de protección. Por ello, ha criticado que mientras “Andalucía vuelve a mostrar su solidaridad, el Gobierno ha vuelto a hacer gala de su irresponsabilidad y falta de humanidad”.