El portavoz del PP, Borja Sémper ha considerado un “chantaje” la amenaza de Vox de que dejará en minoría a los gobiernos en los que participa junto al Partido Popular en caso de que acepten acoger a inmigrantes menores de edad que ahora están en Canarias.

Sémper, en una rueda de prensa en la sede de la calle Génova ha advertido que su partido está dispuesto a ser solidario y a acoger a estos niños y adolescentes siempre y cuando la Administración central provea de medios y de recursos económicos para asumir esa labor

“Nuestra posición es la de la sensatez, los órdagos y las amenazas con nosotros no funcionan, esto lo tiene que saber todo el mundo, también ese partido del que usted me habla”, ha agregado Sémper a preguntas de los periodistas acerca de Vox recogidas por la agencia EFE.

Sémper, no obstante, ha asegurado que el PP no tiene ningún interés en romper con la formación ultranacionalista y que lo que desean todos sus gobiernos es la estabilidad.

Sémper asegura que los gobiernos del Partido Popular desean la estabilidad
El órdago planteado por Vox se produce en un momento de disenso entre el Partido Popular y el partido que lidera Santiago Abascal. Vox ha optado por unir el perfil de su partido al ala dura de la derecha europea en el Europarlamento. El partido ultranacionalista se ha alineado con formaciones como la de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, lo ultranacionalistas flamencos de Vlaams Belang o la Liga de Mateo Salvini en el grupo de los Patriotas por Europa en el que abundan los discursos contrarios a la inmigración y en algunos casos abiertamente xenófobos.

Así las discrepancias en relación a la inmigración y en particular al futuro de los menores varados en el archipiélago canario, una crisis de carácter humanitario, debe leerse como parte de una estrategia más amplia de distanciamiento trazada por la dirección de Vox que ha decidido endurecer su discurso.

Sin embargo el Partido Popular no parece dar crédito a este supuesto distanciamiento, tal vez convencido de que los consejeros del partido ultranacionalista de los gobiernos que comparten en diversas comunidades y ayuntamientos no están por la labor y no cumplirán la amenaza que ha planteado su jefe de filas, Santiago Abascal.

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JOAQUÍN VERA
GRAFCAN175. LOS CRISTIANOS (TENERIFE) (ESPAÑA), 06/06/2024.- Un grupo de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo son atendidos este jueves en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife. EFE/Alberto Valdés
Pero además el PP sabe que tiene la obligación de dar una respuesta institucional a la llamada de auxilio del archipiélago canario, y también de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no pueden acoger en condiciones a los varios miles de niños que han recibido en sus costas. Y no sólo por razones morales, también políticas puesto que el PP forma parte del los gobiernos de estas regiones y debe dar una solución.

Este miércoles el Gobierno ha convocado una reunión de todas las comunidades autónomas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita aliviar la situación de estos niños y adolescentes que llevan meses varados en centros de acogida precarios en Canarias.

La posición del Partido Popular ante esta demanda es que aceptarán acoger a una parte de estos menores siempre y cuando la Administración central provea de más recursos y medios a las regiones de acogida.

Andalucía y también Catalunya advierten que sus sistemas de acogida están al límite
El problema, además, es que, algunas comunidades como la Andaluza –o, fuera de la órbita del Partido Popular, Catalunya- ya han advertido que no pueden aceptar más menores porque sus servicios ya están saturados con los niños y adolescentes que ya están bajo el amparo de sus consejerias.

Sémper en su intervención en la rueda de prensa ha hecho suya una denuncia compartida por muchas comunidades de que el Gobierno central no es capaz de controlar los flujos de personas que transitan por todo el país y que incluyen también menores sin tutela.

Según señalan algunos gobiernos autonómicos, algunos menores que llegan a Ceuta, Melilla o Canarias no declaran su condición en el lugar de llegada precisamente para evitar quedar varados en estos lugares de modo que el Gobierno central los desplaza a la Península. Una vez allí sí se declaran menores con lo que empieza un largo proceso legal durante el cual estos niños y adolescentes han estar bajo el amparo de las comunidades autónomas a quien, por ley, les corresponde la protección de la infancia.