La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, acude a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada hoy en Tenerife por el Ministerio «con el compromiso de decir ‘sí’» al reparto entre comunidades autónomas de menores migrantes sin acompañante llegados a Canarias, «si hay financiación y tiempo» para preparar los recursos necesarios. En la actualidad, Andalucía tiene 454 menores migrantes traslados por el Gobierno de España bajo la apariencia de mayoría de edad, reconocido así por la Fiscalía, y está costeando la atención «a pulmón», lo que ha generado una inversión de 3,5 millones de euros desde octubre y el colapso del sistema. Del nuevo reparto, a Andalucía le corresponderían 30 menores –y una partida económica de 1,6 millones de euros–, frente a los 36 recibidos en 2023 –y 1,9 millones– y los 38 de 2022, de forma oficial.

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En una comparecencia informativa, López acusó al Gobierno de España de «falta de lealtad institucional» por la actitud con la que está abordando esta problemática «que nada ayuda a alcanzar un acuerdo. Desinformación, falta de diálogo y, algo que molestó mucho a la consejera, la insinuación de la ministra Sira Rego de que el pueblo andaluz no es solidario. «Eso es rotundamente falso», dijo López, recordando que «Andalucía siempre ha sido una tierra solidaria». «Hace unos meses me llamó la secretaria de Estado y me pidió que pusiera a disposición del Gobierno algún espacio para albergar a personas migrantes y sin dudarlo pusimos a disposición el albergue de Víznar», relató, al tiempo que defendía que la comunidad colabora con Ceuta a través del Plan de Respuesta y que a través de las costas fronterizas andaluzas llegan migrantes.

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Solidaridad incuestionable
De hecho, la responsable de las políticas sociales de la Junta consideró que dudar de la solidaridad del pueblo andaluz es «faltar al respeto a una tierra que siempre ha acogido a inmigrantes».

En el documento de orientaciones estratégicas de julio de 2023 se reflejaba que en 2022 fueron atendido 2.305 menores migrantes no acompañados en la comunidad (2.018 niños y 287 niñas). Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2020 alertaba de que el gasto mensual medio por plaza de un menor en un centro concertado ascendía a 2.035 euros y en un centro público a 9.813 euros. En la actualidad, siete años después, en Andalucía las totalidad se licitan y el coste anual se eleva a 53.000 euros por plaza, en torno a 4.400 euros al mes.

«El Gobierno de España está reventando las costuras del sistema», reprochó López. «A veces llegan en avión, otras en barco y todo ello sin información, sin coordinación y sin financiación. Nos hemos enterado en la mayoría de casos a través de las oenegés que trabajan con estas personas y Andalucía está atendiéndolos a pulmón, sin un solo céntimo aportado por el Gobierno de España».

La Junta de Andalucía cuenta con 645 plazas específicas para menores migrantes y tras la llegada de estos 454 menores más la ocupación alcanza el 115% (se recurre a otras plazas destinadas a otros colectivos).

La labor que realiza la Junta con estos menores no se limita a comida y alojamiento. Los recursos de protección incluyen centros destinados a garantizar los derechos de los menores, propiciar que tengan todas sus necesidades cubiertas e implementar medidas que entre sus objetivos contengan, entre otras actuaciones, la plena integración social y laboral de la población a la que se atiende. De hecho, actualmente y sin excepciones, toda la población menor migrante no acompañada, mayor de dicha edad de 16 años, recibe o ha recibido formación específica para facilitar y fomentar su plena integración, tanto social, como preparación para el acceso al mercado de trabajo. Todo ello sin excepción y al margen de su proceso de identificación y regularización. «Acogemos, atendemos, asesoramos y acompañamos a los niños y, en esta tierra hasta los 25 años, y no recibimos ni un céntimo».

Por todo ello, la consejera lamentó que «la política migratoria no puede basarse en trasladar a menores como si fuera maletas en las bodegas de un avión», como parece hacer el Gobierno. «Necesitan protección de todas las administraciones. Se requiere una respuesta global , que el Gobierno ejerza sus competencias en políticas migratorias, en política exterior, que trabaje en los países de origen y que implique a la UE», resumió Loles López como posibles soluciones. Por ello, en la conferencia sectorial de hoy la Junta espera que el Gobierno no siga mirando «hacia otro lado» y reconozco y ofrezca financiación para la atención de calidad que requieren los 454 menores acogidos.

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En la misma línea se expresó el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, quien reclamó «coordinación, recursos y financiación» al Ministerio ante la situación de unos menores «en una situación de indefensión» ante la que hay que «mostrar solidaridad» y “por supuesto que tienen que ser acogidos». Además, porque «Andalucía necesita la inmigración» y pidió que el problema se aborde como una cuestión de Estado, sin descartar la reforma de la Ley de Extranjería como «parte de la solución». El portavoz, por otro lado, se congratuló por no tener «ningún problema» con el partido de Abascal por este asunto: «Lo que diga Vox al Gobierno de Andalucía no le condiciona en absoluto».