Unicef pide “la despolitización” de la “emergencia humanitaria” de los menores migrantes llegados a Canarias
Afirma que “la saturación del sistema” de acogida en su conjunto, pero especialmente en las Islas, está generando “desprotección de la infancia”
El Diario, , 10-07-2024UNICEF España ha mostrado este martes su “preocupación” por la situación de los niños y adolescentes migrantes que llegan a España, especialmente a Canarias, solos, sin familiares, por lo que esta organización de Naciones Unidas pide la “despolitización de esta emergencia humanitaria, ya que afecta a niños y niñas cuyos derechos no se están viendo cumplidos”.
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Unicef señala que el sistema de protección de la infancia en las Islas está “absolutamente saturado”, ya que tiene una capacidad para atender a unos 2.000 niños y niñas y en la actualidad son casi 6.000.
La organización recuerda que estos centros deberían ser espacios seguros para niños, niñas y adolescentes que han llegado a Canarias después de travesías cuya duración, a veces, es de años desde el punto de origen y que están llenas de peligros. Sin embargo, añade, “la saturación del sistema en su conjunto está generando desprotección de la infancia”.
Por ello, de cara a la reunión de este miércoles de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que el Gobierno central y las Comunidades Autónomas abordarán la situación en la Frontera Sur, UNICEF España pide:
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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.
Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
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Que se llegue a un acuerdo sobre una política de traslados eficaz, ágil y solidaria, y que el Gobierno central garantice apoyo y recursos suficientes a Canarias y al resto de Comunidades Autónomas.
Que la reforma legislativa que está sobre la mesa se apruebe lo antes posible para contribuir a compartir la responsabilidad de garantizar los derechos de estos niños y niñas.
Que se implementen protocolos para garantizar la protección de los niños y niñas tanto en Canarias como durante su traslado a otras Comunidades, y en estas.
“La infancia debe estar en el centro y se deben garantizar unos mínimos derechos”, concluye la organización.
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