UNICEF España ha mostrado este martes su “preocupación” por la situación de los niños y adolescentes migrantes que llegan a España, especialmente a Canarias, solos, sin familiares, por lo que esta organización de Naciones Unidas pide la “despolitización de esta emergencia humanitaria, ya que afecta a niños y niñas cuyos derechos no se están viendo cumplidos”.

Gobierno y comunidades abordan en Tenerife la acogida de menores migrantes con la incógnita del PP y las amenazas de Vox

Unicef señala que el sistema de protección de la infancia en las Islas está “absolutamente saturado”, ya que tiene una capacidad para atender a unos 2.000 niños y niñas y en la actualidad son casi 6.000.

La organización recuerda que estos centros deberían ser espacios seguros para niños, niñas y adolescentes que han llegado a Canarias después de travesías cuya duración, a veces, es de años desde el punto de origen y que están llenas de peligros. Sin embargo, añade, “la saturación del sistema en su conjunto está generando desprotección de la infancia”.

Por ello, de cara a la reunión de este miércoles de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que el Gobierno central y las Comunidades Autónomas abordarán la situación en la Frontera Sur, UNICEF España pide:

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Que se llegue a un acuerdo sobre una política de traslados eficaz, ágil y solidaria, y que el Gobierno central garantice apoyo y recursos suficientes a Canarias y al resto de Comunidades Autónomas.
Que la reforma legislativa que está sobre la mesa se apruebe lo antes posible para contribuir a compartir la responsabilidad de garantizar los derechos de estos niños y niñas.
Que se implementen protocolos para garantizar la protección de los niños y niñas tanto en Canarias como durante su traslado a otras Comunidades, y en estas.
“La infancia debe estar en el centro y se deben garantizar unos mínimos derechos”, concluye la organización.

La reunión tendrá lugar en Tenerife, con la incógnita de si el PP apoyará la reforma de la Ley de Extranjería que propone el Ejecutivo y tras las amenazas de Vox a los populares de romper sus pactos autonómicos.