El incremento de la presión migratoria en Canarias está rompiendo las costuras de su sistema asistencial, que en lo que va de año ha recibido tres cuartas partes de todos los sin papeles llegados a España un 167% más que en el mismo periodo del año anterior y que tiene a día de hoy a 5.500 niños, niñas y adolescentes migrantes en 80 centros «sobresaturados», con la previsión de que lleguen 11.000 más a lo largo del verano. Pero también hay tensión en las demás autonomías, que actualmente acogen a más de 5.400 menores extranjeros no acompañados en instalaciones que, en la mayoría de los casos, se encuentran al límite de su capacidad, según los datos recabados por EL MUNDO en las 17 CCAA y Ceuta y Melilla.

El Gobierno no aporta datos globales porque «las cifras cambian», pero hoy se reunirá en Tenerife con los gobiernos regionales para abordar una crisis con tres puntos en el orden del día. Los asistentes debatirán la creación de un grupo de trabajo para mejorar la atención de los niños extranjeros, cuya llegada se ha disparado un 221% en los últimos ocho años.

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Además, discutirán la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, acordada entre el Gobierno central y el canario, que obligará a las demás comunidades a acoger un número determinado de menores cuando se supere el 150% de la capacidad de acogida en Canarias, Ceuta y Melilla.

Por último, se intentará aprobar el reparto de 400 menores extranjeros por toda España, un contingente previsto para 2024 que las regiones se negaron a asumir en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado 11 de junio.

Se trata de cifras pequeñas (de los cuatro que le tocan a La Rioja hasta los 31 que recibiría Cataluña) que parecen insignificantes comparadas con el propósito final del Gobierno, que es reubicar, cuando se apruebe en las Cortes la reforma de la Ley de Extranjería, a 2.500 menores extranjeros no acompañados llegados a Canarias (2.350) y Ceuta (150).

Las regiones del PP se resisten porque dicen que el proyecto de ley no tiene memoria económica y necesitan dinero no sólo para crear las infraestructuras necesarias, sino para mantener a estos chicos la mayoría son varones procedentes de Marruecos hasta que alcanzan la mayoría de edad. Muchas regiones incluso prorrogan la cobertura hasta los 23 años, con el fin de que puedan insertarse en el mercado laboral: buena parte de ellos termina trabajando en la hostelería, en actividades administrativas o en la agricultura.

El gasto asistencial medio de cada uno de estos menores es de 145 euros por plaza al día, lo que supone 52.925 euros al año. Las CCAA no tienen medios y ponen pegas a acogerlos, como prueba que en anteriores repartos incumplieran los acuerdos.

Según datos facilitados por el Ministerio de Juventud e Infancia, en 2023, se decidió distribuir a 396 menores migrantes, pero sólo cuatro regiones cumplieron (Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra) y ni siquiera se quedaron con todos los críos. La ministra Sira Rego ha revelado que, pese a que el Estado transfirió la financiación acordada, las autonomías sólo acogieron al 15% de los menores a los que se comprometieron. En 2022 ocurrió igual: se consensuó trasladar a 378 niños y adolescentes, pero sólo 11 CCAA se hicieron cargo. Y aún faltan por reubicar 150, es decir, el 40% no ha sido acogido.

El Gobierno ha puesto 35 millones de euros sobre la mesa (20 para las CCAA y15 para reforzar las estructuras de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla) con el fin de financiar el reparto de las 400 plazas que se discutirá hoy. La distribución se ha hecho conforme a tres criterios: una cantidad per cápita en función del número de desplazados; una cantidad fija para infraestructuras, personal de apoyo o medidas educativas, y una cantidad fija para Canarias y Ceuta para los gastos derivados de los traslados. La intención es que estos criterios se apliquen también en los repartos que vayan produciéndose si se aprueba la reforma de la Ley de Extranjería.