Son apátridas de facto, menores para quienes el derecho casi parece no tener solución a la hora de reconocerlos legalmente. Niños y niñas que vienen al mundo durante el tránsito migratorio, “en situación irregular”, siempre en un contexto muy complicado y lejos de las comodidades de un hospital público. Una de las primeras consecuencias es que sus nacimientos no quedan inscritos en ningún Registro Civil. Es como si no existieran.

“A nada que se conozcan las historias de vida, el lugar donde estas mujeres dan a luz durante la travesía no suelen ser hospitales precisamente. Suelen nacer en casas, en condiciones de irregularidad, sin posibilidad de acceder a registros civiles”, indica Elena Arce, doctora en Derecho y autora de la tesis Menor y extranjero: dos lógicas enfrentadas.

No existe, por tanto, un medio de prueba válido que haga posible que esa mujer acredite el nacimiento de su hijo o hija. Cuando esos menores llegan al Estado, son invisibles a todos los efectos, a lo que se añaden otros problemas derivados, “como ayuntamientos que se permiten decir que no los empadronan porque no portan documentación. Eso una barrabasada. No se me ocurre una vulneración de derechos fundamentales mayor, es algo que ocurre todos los días”, alerta la jurista, que ha participado este martes en los Cursos de Verano de la UPV/EHU, donde expertos han debatido sobre Infancia en movilidad y derechos humanos.

Riesgo “brutal”
“Esa falta de padrón hace que, junto a la ya de por sí vida difícil de sus madres, les acabe colocando a los menores ante un riesgo brutal”. Casos en los que, según incide la experta, queda de manifiesto que el derecho de Extranjería choca de plano con la posibilidad de que esos niños “sean reconocidos como vecinos o vecinas”. No pueden, así, intervenir en las actividades municipales más básicas.

El abogado José Alberto Navarro expone el llamado caso San Sebastián, de una niña apátrida nacida durante el viaje migratorio de su madre camerunesa, a la que la justicia le concedió finalmente la nacionalidad española después de que la pequeña “tuviera que luchar contra tres Estados” para poder acceder a sus derechos fundamentales.

Anna tiene actualmente nueve años y hace seis que reside en Donostia con su madre, aunque a ojos del sistema es como si hubiera nacido hace dos. “Aunque ya se hizo público, no deja de ser un caso nuevo y singular ya que en España, a nivel judicial, nunca se había planteado una situación así previamente”, confiesa el letrado, asesor en asuntos sobre protección de derechos humanos relacionados con la infancia.

Camerún, el país de su madre; Marruecos, el lugar de nacimiento de la niña, y el Estado en tercer lugar, ya que ambas residen en Donostia desde 2018. Son los tres países involucrados en el caso de esta menor que vino al mundo en la ciudad marroquí de Agadir, en una casa particular y sin asistencia médica, motivo por el que no quedó registrada en el país.

Tras el alumbramiento, la madre no acudió a las autoridades locales “por miedo a que la separaran” del bebé. Ambas habían conseguido llegar a las costas andaluzas en patera. La madre trató de inscribrir a su hija tanto en la embajada marroquí en España como en el Ayuntamiento de Donostia, donde reside. Ambas solicitudes fueron denegadas.

Lagunas de derecho
“Ante situaciones desconocidas hay muchas lagunas de derecho, porque no hay ninguna ley que las regule. Por eso lo importante de estos casos invisibles es identificarlos, y poner el sustantivo niño o niña sobre el adjetivo apátrida, ya que jurídicamente se activan a partir de ahí mecanismos que de otro modo son impensables”, detalla el letrado.

Fue lo que ocurrió en junio de 2022, cuando la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en una sentencia “valiente”, confirmó una resolución anterior de un juzgado de lo civil donostiarra y reconoció la nacionalidad española a la menor para evitar que permaneciera “en el limbo de la apatridia” y sus derechos fundamentales no se vieran mermados.

Anna dejó ser apátrida y obtuvo la nacionalidad española. En contra de la opinión de la Fiscalía y los abogados del Estado, la Audiencia subrayó que el derecho a tener una nacionalidad está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

A pesar de que los menores apátridas son casos excepcionales, diferentes organizaciones humanitarias hace tiempo que denuncian su existencia en el Estado, como expone Francisco Morenilla, abogado de oficio especializado en llegadas marítimas y protección internacional. Este letrado de Cruz Roja en Almería refiere el caso de una pareja adulta de nacionalidad argelina que llegó con una hija no biológica menor de edad y nacida en Argelia. Tras detallar los tres bloques de expedientes que han sido necesarios, “la menor sigue en una situación de riesgo a la espera de que tenga su pasaporte cuando sea posible, y que con ese documento se pueda regularizar al padre y a la madre”, según desvela el letrado.