El fallo en la solidaridad de las comunidades autónomas llevó a Canarias a plantear una modificación legislativa para que el reparto de los niños y niñas migrantes que llegan a las costas de las islas sea obligatorio. El archipiélago «no puede más»: 80 centros de acogida saturados –a principios de año eran 30 recursos alojativos–, más de 5.600 menores migrantes a los que la región atiende en solitario y previsiones que dibujan un escenario aún más tensionado y que hará que no se pueda garantizar una atención digna a estos niños y niñas –se espera que a finales de este 2024 la cifra de jóvenes que lleguen a las islas pueda alcanzar los 11.000–.

En este marco, señalado además por las disputas políticas entre PSOE, PPy Vox, las comunidades autónomas se enfrentan a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebra este miércoles en Tenerife, y en la que se intentará alcanzar un acuerdo entre las regiones para que salga adelante la reforma de la Ley de Extranjería, en concreto el artículo 35, para que la responsabilidad sea compartida.

El archipiélago llega a esta reunión con el respaldo de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Canarias (salvo Vox), cabildos, ayuntamientos y entidades sociales relacionadas con la atención a los menores. Ya en octubre de 2023 se firmó el Pacto Canario por la Migración, con el que se quería conseguir así una «voz única» para elevar tanto al Estado como a la Unión Europea diferentes peticiones para dar respuesta una respuesta «ágil y eficaz» a la gestión de la migración.

La respuesta a la crisis migratoria, y su importancia, no es algo nuevo. Desde la crisis de los cayucos, en 2006, diferentes han sido las fórmulas a seguir.

Entre las peticiones del Gobierno de Canarias siempre estuvo que se estableciera un mando único para la gestión migratoria, ya que de ella dependen hasta seis ministerios: Interior, Asuntos Exteriores, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Derechos Sociales, Migraciones e Inclusión y Defensa. Atendiendo a la petición, el Estado aprobó la creación de una Comisión Interministerial de Migraciones presidida por el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Comenzaron así intensos meses de trabajo para llegar a un acuerdo en la modificación de la Ley de Extranjería

El principio de acuerdo entre Madrid y Canarias llegó en junio. En él se incluyeron los criterios de distribución acordados en la conferencia sectorial celebrada en 2022. Entre las medidas destaca que los menores migrantes serán derivados a otras comunidades cuando los recursos en el territorio de llegada superen el 150% de su capacidad. El límite en las islas está en 3.000, por lo que cuando llegue un menor que supere esta cifra, este será desplazado a otro territorio en un plazo máximo de 15 días.

En busca de apoyos
Para que el cambio normativo salga adelante es indispensable lograr el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara. Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como el ministro Torres acudieron al Congreso para reunirse con los portavoces de las fuerzas políticas en busca de un respaldo unánime. Durante este tiempo de negociaciones todas las miradas se han puesto en el Partido Popular, formación política que gobierna junto a Coalición Canaria en el archipiélago.

Pese a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido durante estas semanas la solidaridad de los territorios, no se ha definido con claridad si respaldará o no el acuerdo. Todo ello, frente a las constantes amenazas de Vox, partido con el que gobierna en conjunto en cinco comunidades autónomas, de romper los pactos de gobierno si los populares apoyan la modificación normativa.

El último pleno extraordinario del Congreso de los Diputados se celebrará este mes, y el tiempo para dar una respuesta a los menores se agota. La intención de ambos Gobiernos es llevar la reforma a la Cámara y que se materialice antes de que finalice el verano, momento en el que se esperan cifras preocupantes. Todo ello, ya sea a través del decreto ley (la fórmula defendida por el Gobierno de Canarias) o mediante decreto ley (opción que respalda el Ejecutivo central).