Ante los niveles de gravedad e insostenibilidad que ha alcanzado la llegada de ilegales africanos a las costas canarias, más grave que el desconcierto que se adivina en las reacciones gubernamentales, es la percepción por la que se produjeran reacciones decididas ante el inminente punto crítico de una situación cuya peligrosa degeneración salta a la vista de cualquiera desde hace semanas, si no meses.

El ministro del Interior volvió el pasado lunes sobre algunos de los pasos dados por su colega de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en el mes de mayo, anunciando con evidente precipitación propagandística un acuerdo con nueve países africanos para repatriación y vigilancia costera, todo ello en el marco de un Plan África de cooperación de España con África. Tan entusiasta anuncio quedó finalmente en un solo vuelo de repatriación a Senegal en condiciones irregulares que motivó la negativa de ese país a más readmisiones. Tuvieron que pasar casi dos meses para que finalmente se pusiera en marcha un plan de la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, más testimonial que operativo, al que tampoco se ha sumado Senegal, el país desde donde salen más cayucos.

El desdén con el que Bruselas atiende los requerimientos de Madrid para participar en la lucha contra la inmigración ilegal viene de antiguo, al menos desde la segunda legislatura del PP. Pero el mantenimiento de esa actitud en el tiempo, junto al frustrante resultado de las intervenciones de la CE en la crisis de Ceuta y Melilla como en la de Canarias, puede rozar el escarnio sobre todo si el Gobierno no cambia la tibieza por la firmeza.

Detener en origen la imigración ilegal de África no se resuelve con hábiles palabras en un par de reuniones. Más que de despliegues policiales en las costas, se trata de laboriosos y costosos acuerdos con las autoridades de media docena de países en vías de desarrollo más proclives a exportar emigrantes que a retenerlos. Quizás la manifestación de pescadores en la ciudad senegalesa de Saint-Louis contra la inmigración ilegal que deja vacía de jóvenes en edad de trabajar el territorio signifique un cambio de tendencia en el propio origen del fenómeno inmigratorio. Para Senegal, principal lanzadera de cayucos, las remesas de sus emigrantes son una de las principales fuentes de ingresos del país y equivalen al 16% de su Producto Interior Bruto. Por eso, el acuerdo alcanzado el lunespor Rubalcaba en Dakar para que dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil vigilen el litoral senegalés, es un parche en un país donde, según la Cruz Roja, 100.000 africanos aguardan la oportunidad de cruzar a Canarias y donde ese acuerdo con el ministro español lo acompaña el gobierno de Senegal de una petición de ayuda económica para su desarrollo agrícola como única forma de evitar su emigración.