«El Gobierno ni siquiera nos llama». «Sólo hemos recibido un correo». «Falta una acción del Gobierno antes de sentarnos». Las comunidades autónomas del PP y del PSOE quieren consensuar un nuevo criterio de reubicación de los menores migrantes que han llegado a Canarias sin acompañar por sus familiares. Pero por ahora, la única información que se les ha hecho llegar es ese correo electrónico en el que los citan a la Conferencia Sectorial del próximo miércoles.

En ese mismo envío, el Ministerio de Juventud e Infancia adjuntó dos documentos a los que ha accedido EL MUNDO. El primero, un acuerdo para la «creación del grupo de trabajo sobre la atención a niños y niñas migrantes no acompañados», que se verá en la crucial reunión del día 10. Y el segundo, una «propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas» de 400 niños y adolescentes que han llegado a Canarias (300) y de Ceuta (100).

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Pero queda por determinar la parte mollar. O sea, el reparto «extraordinario» de menores llegados a Canarias, que son ya más de 2.500. Y para eso se presentará en la reunión un borrador de proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería, que ha elaborado el Ejecutivo y en el que se establecen los mimbres para cambiar la normativa de manera que la acogida de menores no sea un acto altruista, sino una obligación legal.

Esa proposición no se votará en la reunión. El Gobierno la presentará y luego la llevará a las Cortes. Pero las CCAA quieren introducir mejoras.

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No queda ahí la presión a los gobiernos regionales. Este diario ha accedido también al borrador del Real decreto para modificar los criterios de reubicación de los menores. Es decir, en caso de que el Ejecutivo vea peligrar los apoyos parlamentarios en primera instancia, optará por un decreto que imponga de manera «urgente» la derivación de esos más de 2.500 menores que saldrían de Canarias. Y en las islas se quedarían otros 3.000 1.000 más que su cupo máximo. Aunque fuentes del Ejecutivo insular lo ven del todo insuficiente, porque en verano está prevista la llegada del doble de niños y adolescentes sin acompañar.

Por ahora, el Gobierno mantiene para esos más de 2.500 menores el mismo criterio de reubicación que para los 400 de la vía ordinaria. Ese criterio se basa en «indicadores de población, renta per cápita, tasa de paro y esfuerzo en atención» a menores no acompañados. De hecho, ya hay una propuesta de reparto pactada entre el Ejecutivo y Canarias, en la que La Rioja, Cataluña, Madrid y Andalucía. Pero la Generalitat rechaza asumir los niños previstos, y Madrid y Andalucía se consideran saturadas y piden cifras acordes a su situación. En general, las regiones que preside el PP piden negociar ese «reparto» antes de la reunión con la ministra Sira Rego, atendiendo, efectivamente, a las «particularidades asimétricas» de cada comunidad autónoma.

El borrador se remite a la «aplicación de los criterios objetivos consensuados entre todas las comunidades autónomas». Es decir, al criterio de reparto adoptado en 2022 y 2023. Esto, y la falta de negociación previa con los gobiernos regionales, hace que los barones populares vean casi imposible que se cierre un acuerdo. No sólo porque ellos quieran apurar las casuísticas territoriales y exprimir sus exigencias presupuestarias, sino porque el mismo Ejecutivo que les prometió a los independentistas catalanas la cesión de las competencias de inmigración tendría realmente difícil no aceptar una posición negociadora privilegiada para Cataluña.

Eso sí, el borrador de proposición de ley estipula que las reubicaciones de niños migrantes «se aplicarán con las adaptaciones correspondientes al caso». O sea, con posibilidad de cambiar los criterios ahora fijados. Y a eso se aferran los barones del PP y del PSOE, aunque estos últimos votarán a favor de los repartos ya fijados.

MEDIDAS FINANCIERAS
Las comunidades se quejan de que el documento principal no aclara la dotación presupuestaria que tendría cada autonomía, sino que sólo se especifica que la «derivación» de los menores se haría «adoptando las medidas financieras que resulten necesarias para la ubicación territorial de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas que proceda en ponderación de la situación».

Sin embargo, el otro documento de derivación «ordinaria» de los menores el que resulta ajeno a la crisis migratoria extra de Canarias sí establece unos costes medios por cada niño acogido. La primera parte de la asignación presupuestaria se calcula por número de menores trasladados, con un coste de 145 euros por plaza y día, por lo que anualmente se traduce en un gasto de 52.925 euros al año. «Dicho coste refleja el coste medio nacional reportado por las comunidades autónomas», explica el primero de los documentos de derivación de menores, que tendrá que votarse el miércoles. Todos los presidentes autonómicos consultados reclaman que se establezca una «ficha financiera» y unos recursos mínimos por cada uno de los niños. Una financiación suficiente lo desbloquearía todo.

Por último, cabe destacar que el borrador de reforma de la Ley de Extranjería recuerda que «las competencias en materia de inmigración y extranjería son exclusivas del Estado». Algo, por cierto, que choca con la cesión a Cataluña que le prometió el PSOE a Junts a cambio de aprobar dos decretos a principios de año.

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