El presidente y el portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez y Luis Campos respectivamente, han criticado este vienes el “paso de gigante” que, a su juicio, ha dado el PP hacia la extrema derecha al plantear que se recurra a la Armada contra los migrantes que tratan de llegar a las islas.

El giro radical del PP deja en entredicho el compromiso de Clavijo de sacar adelante el reparto de menores migrantes

Ambos dirigentes acusan al vicepresidente del Gobierno y líder de los populares canarios, Manuel Domínguez, de haber maniobrado para frustrar el acuerdo de los ejecutivos del Estado y el canario para reformar la Ley de Extranjería.

Reclamar a la Armada para acabar con las pateras en el océano Atlántico, que une a África y Canarias, es un planteamiento, según Román Rodríguez y Luis Campos, “extremista, ilegal e inhumano”.

En opinión de los dirigentes de NC, lo que busca el PP es competir por el “deplorable discurso” de la extrema derecha.

Que una formación política con vocación de gobierno de Estado alimente el discurso del odio, agrega Luis Campos, la deslegitima para afrontar dichas responsabilidades por “asimilar las migraciones”, en este caso por la ruta más mortífera del mundo, “a un escenario bélico”.

Pero que planteamientos “tan irracionales” se hagan además cuando hay un acuerdo de los gobiernos canario y estatal para reformar la Ley de Extranjería y se intenta convencer a todos los partidos con representación en las Cortes Generales y a los territorios en la Conferencia Sectorial del próximo miércoles en Tenerife, para NC solo tiene sentido como antesala de la oposición del PP a la citada modificación normativa.

“No sale el acuerdo porque el PP no quiere”, denuncia Román Rodríguez, mientras que Luis Campos se refiere a los “vaivenes surrealistas” que atribuye a los populares en las últimas dos semanas.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Desde que “no iba a haber problemas” en la acogida de los menores si el Ejecutivo estatal aseguraba la financiación a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, enviaba en vuelos nocturnos a los menores a la península para que deambularan por las calles.

Prácticas, recuerdan los dirigentes de NC, que sí hizo el antecesor de Manuel Domínguez en el Gobierno canario y en la presidencia del PP de las islas, José Manuel Soria, con los adultos.