A. MATEO / P. DE LAS HERAS/ALMERÍA / MADRID

El Gobierno reunirá en septiembre a los responsables autonómicos en materia migratoria para estudiar la redistribución en toda España de los menores que llegan a las costas españolas sin documentación. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, adelantó ayer que el Ejecutivo pretende asumir esta tarea, que ya lleva a cabo con los adultos, para atender a las reclamaciones de comunidades como Canarias, Ceuta y Melilla desbordadas ante la gran cantidad de adolescentes solos que desembarcan en su territorio. Como política social, la protección del menor es una competencia autonómica. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió en junio con el presidente canario, Adán Martín, a promover la solidaridad interregional para repartir la carga de los principales receptores de inmigrantes.

Los centros de acogida canarios albergan ya a más de 650 menores inmigrantes y la consejería de Asuntos Sociales calcula que a finales de año la cifra podría ascender hasta 900. Según Martín, cada uno de ellos cuesta al año 3.000 euros. En Ceuta y Melilla la situación es similar. Los presidentes de ambas ciudades autónomas, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, aseguran que sus instalaciones sufren una «saturación absoluta».

Los buenos augurios de Rumí chocan con la polémica suscitada con las autonomías del Partido Popular a raíz de la distribución llevada a cabo por el Ejecutivo central. Alrededor de 11.000 inmigrantes han sido trasladados desde Canarias a la Península. La responsable de inmigración afirmó que esta medida se realiza «con total transparencia» y que siempre se avisa a los gobiernos regionales pertinentes. No es eso lo que sostiene el primer partido de la oposición, ni el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid presidido por Esperanza Aguirre.

Vuelos selectivos

El secretario ejecutivo de Economía del PP, Miguel Arias Cañete, denunció que el Gobierno está recurriendo a «vuelos selectivos» hacia comunidades gobernadas por su formación. Su queja se fundamenta en una respuesta parlamentaria del gabinete de Zapatero a su grupo. De ella se desprende que la mayor parte de los vuelos fletados para el traslado de inmigrantes en situación irregular tuvieron como destino Madrid, Málaga, Murcia y Barcelona. Sin embargo, la secretaria de Estado de Inmigración aseguró en Onda Cero que su elección no tiene que ver con cuestiones políticas sino con la capacidad de los centros de internamiento de extranjeros situados en cada zona.

La Generalitat exigió al Gobierno central que «no se vuelva a repetir» la situación vivida en las últimas horas, en que se ha enviado a Barcelona un grupo de unos cincuenta inmigrantes procedentes de Canarias «sin aviso previo» al ejecutivo catalán.

También la consejera de Trabajo y Política Social de Murcia exigió al delegado del Gobierno que informe al gobierno murciano de la llegada de nuevos contingentes de inmigrantes desde Canarias a la región, tras conocer de la llegada de 40 ‘sin papeles’.