El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes no entender la propuesta del PP de utilizar a la Armada para contener la llegada de migrantes irregulares en cayucos o pateras porque “no la va a frenar”. Además, ha resaltado que “obedecen a un desconocimiento de la realidad que tenemos en este momento en Canarias”, y recordó que “ya en el año 2006 intervino en su momento el ejército pero con fines de salvamento marítimo”.

El giro radical del PP deja en entredicho el compromiso de Clavijo de sacar adelante el reparto de menores migrantes

“No la entiendo porque no va a frenar la llegada de cayucos. En todo caso, si es con carácter humanitario para poder detectarlos y evitar que cada 45 minutos muera alguien intentando llegar a nuestras costas, lo entendería”, ha dicho.

El presidente de Canarias ha hecho estas declaraciones durante la presentación en el Puerto de Las Palmas del nuevo buque remolcador de Salvamento Marítimo Heroínas Sálvora. En las que, no obstante, Clavijo apuntó que la realidad es cuando los migrantes, muchos de ellos menores, llegan a la costa hay que garantizar sus derechos, incidiendo en que Defensa sigue negando el uso de instalaciones militares en desuso para la atención de estos jóvenes.

En cuanto a propuesta de reforma de la Ley de Extranjería acordada entre los Gobiernos canarios y español para poner proceder a un reparto de los más de 5.600 menores migrantes no acompañados que en la actualidad tutela el archipiélago en solitario, expuso que ahora es el momento de las CCAA.

“Tiene que haber una respuesta de las comunidades autónomas, que es lo que se solicitó. Explicarlo a las comunidades autónomas y que puedan enriquecer el texto, preguntar las dudas”, señaló para indicar que luego tendrá que aprobarse en el Congreso de los Diputados.

Para Canarias, lo razonable es un decreto ley para que pueda entrar en vigor el día después de su publicación y que luego sea convalidado. “Y eso es lo que nosotros creemos que es viable jurídicamente”, matizó.

“Y si no hubiese más remedio, estaríamos hablando de una proposición de ley de lectura única y tramitación urgente, con el objetivo de que pueda estar en vigor en los primeros días del mes de agosto, que además, si se quiere, se puede”, manifestó.

Finalmente, el presidente canario hizo especial hincapié en que “aquí no hay grises, aquí hay blanco o negro”. “O se quiere resolver y ayudar y se colabora con la resolución de un problema humanitario de niños y niñas o se está en el otro lado”, concluyó.

El giro radical del PP que deja en entredicho el compromiso de Clavijo
La propuesta de los populares de desplegar a la Armada para frenar la llegada de cayucos ha supuesto un giro radical que ahora deja en entredicho el compromiso del presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC), de sacar adelante la reforma legislativa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que ya ha mostrado su rechazo a la llegada de migrantes a la Península en varias ocasiones.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a adoptar el discurso de la extrema derecha. Mientras en Canarias, su formación, que gobierna en coalición con CC, intenta sacar adelante el pacto para el reparto obligatorio de menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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“El Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas y desplegar embarcaciones que impidan que los cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país”, ha dicho el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su rechazo a las palabras de Tellado y ha exigido que rectifique y respete la labor de las Fuerzas Armadas. ’’No están para lo que pide, sino para defender la paz, la libertad y la seguridad de España, que no es el caso, y que desde luego tenga un comportamiento muchísimo más humanitario y que se adapte plenamente a lo que dice la Constitución española“, ha dicho.