De una excolonia española, Guinea Ecuatorial, donde todavía están vigentes «leyes franquistas», llegó Rusly Cachina Esapá, mujer trans y activista. Su trabajo de documentar la realidad de las minorías tanto étnicas como sexuales en la asociación Somos Parte del Mundo hizo que su vida «corriera peligro. Cada día morían compañeras nuestras por envenenamiento o maltrato en terapias de reconversión», cuenta Rusly, que tiene ahora 28 años y llegó a España en 2022. «Me vi forzada a migrar para dar más visibilidad a lo LGTB. Somos la capa más vulnerable de la sociedad». Ella nunca hizo un tratamiento con hormonas en su país de origen. «Está prohibido. Corremos el riesgo de acabar en la cárcel, también los médicos. No hay nadie que lo haga. Lo que yo trabajé fue mi transición social, vestir como me siento identificada. Y no podía acceder a la hormonal ni a la cirugía para reafirmar mi género. Yo soy transgénero, no transexual».

Rusly, que comenzó un tratamiento de hormonas al llegar, encontró en España lo contrario a lo que vivió en Guinea Ecuatorial. «Existe una presión social para hormonarte. Si lo haces, te valoran más. Pero no todas las personas trans queremos hormonarnos y nos vemos presionadas. Yo interrumpí mi tratamiento a los seis meses. Somos ratas de laboratorio. Son medicaciones para castrarnos y muchas no queremos ser castradas. Eso está sucediendo, como si la farmacéutica fuera la única vía de reafirmar nuestro género. Muchas trans quieren pasar a la transición quirúrgica directamente».

Ahora trabaja como técnica de Igualdad en la ONG Migrantia, especializada en «migraciones y refugio LGTBIQ+», donde documenta las agresiones y discriminación a las personas trans. «Busco dar visibilidad a esas disidencias de las zonas rurales y no en las capitales donde se cree que todos los derechos están conseguidos». Lo que encuentra son delitos de odio. Agresiones que no se denuncian. «Una persona LGTBI migrante tiene miedo. ¿La denuncia aparecerá en mi expediente? ¿Qué derecho tengo yo que no tengo ni NIE?, se dicen y callan».

Más allá de lo físico
Pero la violencia «va más allá de lo físico», reflexiona Rusly. «Son agresiones verbales, como cuando te dicen que venimos a aprovecharnos de los derechos que otras personas han conseguido. Incluso dentro de la propia comunidad LGTBI. Que quieren que vayamos al Orgullo pero no que nos quedemos a vivir aquí. Encontramos discursos xenófobos incluso dentro del colectivo».

La conjunción de las condiciones migrante y trans «dispara la situación de vulnerabilidad de la persona y la expone a sufrir hechos discriminatorios por su identidad de género y orientación sexual; pero además, por discriminación racial o étnica», indica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) en su informe ‘Discriminación y persecución por orientación sexual e identidad de género: el camino hacia una vida digna’, donde cifran por qué huyen de sus lugares de nacimiento: hay 70 países que condenan lo LGTBI incluso con la pena de muerte y en diez años los asesinatos de estas personas superan las tres mil.

España «es un país receptor de personas que emigran debido a su identidad de género o a su orientación sexual», indica el documento de Cear. «El principal motivo por el que llegaron a España es por la búsqueda de una libertad que no pueden vivir en sus países de origen, y no tanto por una cuestión económica o de búsqueda de mejoras en su nivel de ingresos». Las personas transmigrantes que llegan a España son latinoamericanas y adultas, en su mayoría. Algunas tienen recursos económicos, documenta Cear, pero otras piden refugio y asilo, despojadas de lo más básico. En este último grupo, sin embargo, «están sufriendo graves retrasos en el acceso al sistema de protección internacional por problemas con los trámites burocráticos», denunció la Federación Estatal LGTBI+.

Lo que se vive adentro dista de lo que se cree fuera. «Hay una discriminación racista por encima de lo trans. Porque eres negra te hipersexualizan, te consideran un trozo de carne. Cuando venimos, tenemos una perspectiva de que esto es perfecto y deberíamos saber que la realidad es otra y que los que nos reciben no saben qué pasa en nuestros países. No es transfobia, es racismo».

Papeles y nombres
Sin documentos no hay trabajo y sin trabajo no hay techo, repiten las personas trans y migrantes. Se constituye un círculo vicioso. Por una parte, sus papeles aparecen con el nombre de nacimiento. «Tienen que pasar muchas vejaciones y humillaciones, teniendo de llegar a distintos sitios con un documento que no hace honor a su condición», denuncia Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans. «No pueden acogerse a su derecho (de cambiar sus nombres y sexo) porque las oficinas de Extranjería no han recibido la orden del Ministerio del Interior para modificar el documento que reciben aquí, sin modificar el de identidad que traen del país de origen, donde su integridad moral y física no está protegida».

Si huir de un país y establecerse en otro ya implica una dificultad, la regularización de los migrantes trans se complica aún más. «La ley española no ampara a los transmigrantes. Nosotras no podemos cambiar nuestros nombres hasta no tener nacionalidad española», asegura Rusly. «Hay barreras en el ámbito laboral. Nos empuja a trabajo sexual. Yo me he encontrado a una uña de entrar, aunque nunca lo hice. Para alquilar un piso todo está bien hasta que ven que tu nombre en la documentación es de hombre. También en el ámbito laboral. Nos toca el trabajo precario, de peluquera o trabajadora sexual. Así es en los países sin leyes para las personas LGTBI y así es también aquí para las migrantes».