P. Moreno

Madrid- Si la llegada de inmigrantes a las costas canarias se está convirtiendo en uno de los principales problemas para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el traslado de esos «sin papeles» a la península y su reparto a las distintas comunidades lleva el mismo camino. Esta distribución según fuentes del Ministerio de Interior se lleva a cabo sólo en cinco autonomías: Andalucía, Comunidad de Madrid, Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana. ¿La razón? Estas cinco regiones son las únicas que poseen centros de internamiento en toda la Península. Así, la Policía traslada a los inmigrantes de un centro, el de Canarias, a otro, con lo cual, en un primer momento, son sólo esas comunidades las receptoras de «sin papeles». Ya en la Península, y una vez en el nuevo centro, es la Secretaría de Estado de Inmigración a través de convenios con ONGs y las comunidades la que gestiona ese nuevo traslado a otra región.
Hasta el PSC se queja.
Quizá por ello, a las habituales quejas que la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid y la propia Esperanza Aguirre han lanzado al Gobierno central a lo largo de todo el año, ahora se suman las de otros ejecutivos regionales que denuncian un comportamiento irresponsable por parte de la Administración central a la hora de trasladar inmigrantes.
No sólo son autonomías gobernadas por el Partido Popular, que lleva ya un tiempo denunciando que sus comunidades son las que más inmigrantes reciben, ayer fue Cataluña, gobernada en coalición por el PSC quien exigió al Gobierno un comportamiento más estricto en cuanto a la distribución de los inmigrantes. Tanto es así, que el portavoz de la Generalitat, Joaquim Nadal demandó que «no se vuelva a repetir» la situación vivida en las últimas horas por su comunidad, en las que se ha enviado a Barcelona a un grupo de unos cincuenta inmigrantes procedentes de Canarias «sin aviso previo» al ejecutivo catalán. El portavoz explicó que el traslado de estos inmigrantes se llevó a cabo incluso «sin previo aviso a la propia Delegación del Gobierno», de quien depende el nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona.
Desde la Comunidad de Madrid se denuncia desde hace tiempo ese tipo de traslados sin aviso, o avisa a posteriori. En esa misma línea , el PP denunció ayer que el Gobierno «redistribuye» a los inmigrantes que llegan a Canarias por las comunidades gobernadas por el PP mediante «vuelos selectivos».
Enterarse por un fax.
Por ello, mostró unos datos obtenidos de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo socialista en la que se apreciaba que durante 2005 de los 109 vuelos con irregulares la Península 73 fueron a parar a Madrid, seis a Murcia, siete a Málaga, cinco a Valencia y dos a Barcelona.
Otra comunidad que ayer se quejó fue Murcia donde la situación es también insostenible. Así lo explicó la consejera de Trabajo y Política Social del Gobierno murciano, Cristina Rubio, quien aseguró ayer haber conocido «casualmente» la llegada de un nuevo contingente de 40 inmigrantes desde Canarias al aeropuerto de San Javier, a través de un fax «equivocado» del Ministerio de Interior a la ONG «Cepaim», que tiene un acuerdo de colaboración con la Delegación del Gobierno en Murcia para la acogida de inmigrantes. A la denuncia de Murcia se suma también la de la Comunidad Valenciana. Ayer, la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, advirtió de que su región «está llegando al límite» en la recepción de inmigrantes procedentes de Canarias por el «tremendo descontrol» del Gobierno central.
Según los datos facilitados por este departamento, en lo que va de 2006 han llegado a la Comunidad Valenciana 1.220 inmigrantes procedentes del archipiélago canario, 139 de ellos en este mes de agosto.
Transparencia, según Rumí
Mientras casi todas las comunidades receptoras de inmigrantes alzaban la voz y denunciaban el oscurantismo de los datos y su falsedad en algunos casos, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, reapareció tras una larga ausencia para explicar que los traslados de inmigrantes desde Canarias se están realizando «con total transparencia, informando desde las delegaciones del Gobierno a las autonomías donde van a ser trasladados esos inmigrantes y que a su vez dispondrán de centros de internamiento».
En declaraciones a los periodistas en Almería, donde recibió un premio concedido por la Federación de Servicios Públicos de UGT, Rumí señaló que «en este sentido existe un acuerdo de todos los Gobiernos autónomos en la Conferencia Sectorial de Inmigración para acoger a esos inmigrantes a través de convenios con organizaciones sociales de inmigrantes y también con algunas autonomías que ponen plazas a disposición para la acogida».
Todo este mecanismo, añadió Rumí, «se diseñó el pasado año por acuerdo de todos los Gobiernos Autonómicos», dijo.