JOSEP-MARIA Terricabras
Catedrático de Filosofía de la Universitat de Girona

La lista de derechos individuales incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no incluye, de forma clara y precisa, el derecho de voto como un derecho democrático e inalienable. El artículo 21 de este documento habla de “representantes elegidos libremente” y de “libertad de voto”, pero estas expresiones se podían concretar de formas muy distintas, de acuerdo con los sistemas políticos y jurídicos de los estados que entonces debían aceptar la declaración. En aquellos momentos, a nadie se le pasaba por la cabeza -ni tan solo a los demócratas- que alguien pudiera votar en un país que no fuera el suyo.
La situación mundial ha cambiado extraordinariamente a lo largo de estos últimos años. La globalización actual ofrece algunas caras que el neoliberalismo económico no había previsto: la gente no se queda en casa esperando, sonriendo y agradecida, a que los ricos lleguen, monten empresas y les paguen lo que quieran. Hoy en día ya no se mueven solo los ricos. Casi podríamos decir que el mundo se encuentra en un enorme proceso de deslocalización: los ricos, porque hacen turismo, organizan intercambios de estudios o comerciales y, cuando se jubilan, se mudan a lugares tranquilos y soleados; los que tienen menos pero ven posibilidades de vivir mejor, hacen todo lo posible e incluso se juegan la vida con tal de llegar a un imaginario Eldorado. La emigración ha existido siempre. La emigración masiva y global, no.
Los ricos de la Unión Europea hemos globalizado nuestra vida hace tiempo: no necesitamos pasaporte para visitarnos, gastamos la misma moneda y nos hemos concedido el derecho de voto mutuo cuando hay elecciones municipales. Pero, ¿los pobres -a menudo llamados eufemísticamente “extracomunitarios”- deberían tener también derecho a voto?
Esta cuestión está planteada desde hace años y ha revivido recientemente por unas declaraciones de Josep Antoni Duran Lleida (UDC) -que imponía ciertas condiciones para aceptarlo-, y por la réplica inmediata de Joan Saura (IC), quien le acusaba prácticamente de xenófobo. Como estamos muy poco acostumbrados a debatir temas importantes y nos encontramos en periodo preelectoral, sería una lástima que la cosa terminara con un endurecimiento de posiciones y con reproches mutuos. La cuestión no es nada banal, sino bien compleja.

POR UN LADO, resulta indiscutible que, quien asume obligaciones, también debe tener derechos. Sin embargo, cualquier persona empadronada en Catalunya -sea o no forastera-, ya tiene derechos sociales, educativos y sanitarios. (De estos últimos, a veces hacen un uso abusivo precisamente los extranjeros ricos, los de la Unión Europea, que aprovechan que están en nuestro país para tratarse y operarse en nuestros hospitales). Pero la cuestión está en si el forastero también tiene que tener derechos políticos y, en primer lugar, el derecho de voto. Porque si tiene este derecho político como nosotros -y bien estará que así sea-, entonces debe tener las obligaciones políticas que tenemos todos los demás; quiero decir, que debe aceptar el sistema democrático y los valores básicos de este sistema, entre los que está la igualdad de géneros, la laicidad institucional y la libertad individual.
A los europeos esto se les supone, porque vienen de países que tienen oficialmente los mismos valores y criterios que nosotros. Pero a los que provienen de países con tradiciones políticas muy distintas hay que pedirles que acepten los principios del país de acogida. No deberían sentirse ofendidos por esto: son principios que no coartan la libertad, sino que la otorgan. A menudo es tanta, que incluso permiten que algunos que se confiesan demócratas acaben siendo fascistas.
No me parece nada bien favorecer la idea del ciudadano-cliente, ese que, porque paga impuestos, ya tiene derecho a todo. A menudo es así, pero no tenemos que fomentar los súbditos, sino los ciudadanos. Y alguien dirá, ¿por qué no exigimos también esta implicación ciudadana y política a muchos europeos que vienen aquí y viven en auténticos guetos? Pues no lo hacemos porque no podemos, porque a los estados de Europa ya les van bien estos intercambios inofensivos. Pero, por favor, no tomemos como modelo lo malo.
Por eso hay que concretar políticas que den autonomía a los inmigrantes más desfavorecidos, que les otorguen una situación laboral estable, que les permitan su promoción laboral y cultural. Y esto significa, claro está, políticas que les ayuden a aprender la lengua del país de acogida. Si alguien me dice que esto es una imposición, no sabré si ponerme a reír o a llorar. Porque los que no quieren imponer el catalán a los inmigrantes les están imponiendo, sin embargo, que tengan menos posibilidades y, por lo tanto, menos libertad y menos autonomía. El objetivo de una política responsable y digna debe ser que los que lleguen acaben teniendo las mismas oportunidades que los que ya estamos aquí.

SE HA DICHO que, durante el franquismo, Catalunya fue tierra de integración. Es mentira. Catalunya únicamente fue tierra de acogida, porque no podía hacer otra cosa: muchos inmigrantes de entonces no se pudieron integrar de verdad en la vida de este país -cuyas consecuencias todavía estamos pagando todos en la actualidad-, sencillamente porque fueron discriminados y segregados por las políticas del régimen. Actualmente, el Govern de la Generalitat tiene la oportunidad de hacerlo de una manera diferente.
¿Derecho de voto para los inmigrantes? Sí, claro, pero no simplemente porque pagan impuestos, sino porque son y quieren ser ciudadanos de este país. El voto es algo muy importante, pero, por sí solo, todavía no es garantía de nada. De hecho, ¿cuántos ciudadanos catalanes no van a votar nunca? Por eso conviene fortalecer la libertad de los inmigrantes y desarticular de verdad las redes mafiosas que comercian con ellos; no únicamente las redes que los traen, sino las que les pueden seguir manipulando cuando ya se encuentran en nuestro país.
Si la política es pedagogía, procuremos que la política del voto vaya acompañada de una política de participación ciudadana, crítica y libre.