La Fiscalía Provincial de Las Palmas analizará si hay delito de odio en la manifestación contra la inmigración del próximo 6 de julio. Así lo ha informado la fiscal superior de Canarias, María Farnés, a Canarias Ahora, en relación a la denuncia presentada este martes por 40 abogados advirtiendo del posible carácter delictivo de esta protesta organizada a través de las redes sociales. La fiscal también ha enviado una copia del escrito a la Delegación del Gobierno en Canarias, que por ahora no ve racismo en la convocatoria.

Por otra parte, la Fiscalía Superior de Canarias ha asegurado en declaraciones recogidas por Efe que no tiene competencias para autorizar o denegar la celebración de una manifestación. Esta tarea, subrayan, corresponde a la Delegación del Gobierno, que es el organismo que establece los controles para permitir o no su celebración en las islas. Además, desde el Ministerio Público insisten en que la Fiscalía no actúa para prevenir un delito, sino cuando este ya se ha cometido.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana ha matizado que las protestas ‘’no se autorizan’‘, sino que se ’’comunican’’, y asegura que no han visto racismo en la convocatoria del próximo sábado. ‘’Hablan de mafias y de lucha contra la inmigración ilegal, lo que entra dentro de los parámetros en los que uno se puede expresar y manifestar’’, dice Pestana.

Este es uno de los puntos clave de la denuncia presentada por los abogados. El escrito advierte de que el cartel de la convocatoria está formado por consignas que ‘’en un primer momento inducen a pensar’’ que el objetivo es exigir el fin de las muertes en el mar y la desarticulación de las mafias de tráfico de personas. Sin embargo, ocultan ‘’el verdadero sentido’’ de la protesta, que es incitar ‘’a una hostilidad, odio y discriminación respecto a los migrantes procedentes del continente africano’‘, empujando al pueblo canario a que tenga ’’sentimientos de hostilidad, odio y discriminación’’.

Los abogados recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a través de diferentes resoluciones establece que la libertad de expresión ‘’no puede ofrecer cobertura al llamado discurso de odio’‘. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone que ’’toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley’’.

Además, en la denuncia recogen que los mensajes difundidos a través de las redes sociales y las imágenes del cartel de la manifestación pueden ser constitutivos de un delito de manifestación ilícita y de un delito de odio al asociar los desplazamientos de personas con criminalidad, terrorismo y gasto social. ‘’Es malévolo, cruel y perversamente racista, y por ello entendemos delictivo criminalizar continuamente a los africanos pobres que llegan a Canarias, acusándolos torticeramente de ’’invadir’’ nuestra tierra’’, reza el escrito.

Ampliación de la denuncia
Los abogados han reaccionado a las declaraciones de la Fiscalía en las que niega sus competencias para desautorizar manifestaciones. En un nuevo escrito, los letrados citan el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que cuando el Ministerio Fiscal tenga noticias de un hecho aparentemente delictivo ‘’practicará él mismo u ordenará a la policía judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en mismo’’.

Asimismo, plantean que la Fiscalía debe actuar y solicitar al juzgado competente que suspenda la celebración de las manifestaciones como medida cautelar, en protección del interés general y de los derechos humanos de las personas migrantes africanas.

Más de 50 agrupaciones se suman al escrito
Este miércoles, un total de 55 agrupaciones han mostrado su apoyo a los 40 abogados que remitieron el escrito a la Fiscalía. Todas ellas coinciden en que las imágenes y mensajes que han acompañado a la convocatoria incitan al pueblo canario a tener sentimientos de hostilidad, odio y discriminación hacia las personas migrantes.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Cartel de convocatoria para la manifestación del 6 de julio contra la inmigración Una de las imágenes del cartel de la manifestación del 6 de julio
En el cartel, además, se utiliza una imagen de cientos de personas manifestándose contra el modelo turístico el pasado 20 de abril. Los protestantes aparecen por encima de un cayuco, ‘’como aplastando la embarcación’‘. ’’En la publicidad para dicha convocatoria se travisten de Guanches y manipulan los objetivos y acciones del 20-A, engañando torticeramente a la población y pretendiendo acogerse a las peticiones del pueblo canario, escondiendo tras ellas sus verdaderos planteamientos de xenofobia, racismo, aporofobia y otros fascistas y anticonstitucionales, usando también infografías y viñetas que incitan al odio’’, apuntan las entidades.

Las asociaciones convocantes de las protestas del 20 de abril ya se han desmarcado de la manifestación del 6 de julio, insistiendo en que Canarias también tiene un límite contra el racismo. ‘’El pueblo canario siempre hemos sido un pueblo hospitalario, justo y luchador. Canarias tiene que ser un espacio neutral y por la paz. Hasta que no se deje de esquilmar los recursos del continente africano no cesará la inmigración’’, concluyen.