À. GUBERN/A. CABEZA/L. DERQUI. BARCELONA/VALENCIA.
Cayucos, rescates, muertes, llegadas de inmigrantes por centenares más de 18.000 en lo que va de año. La nueva oleada de «sin papeles» está logrando erosionar hasta los apoyos más firmes del Gobierno, que ha tenido que oír en los últimos días como CC tachaba de «fracaso rotundo» las políticas de inmigración y ERC hablaba de «descontrol absoluto», además de los constantes reproches del PP. Por si no hubiera sido suficiente, ayer las críticas y las protestas llovieron desde dentro: la Generalitat censuró con dureza la manera en que el Ejecutivo está gestionando la crisis de inmigrantes en Canarias.
Los reproches se suman a los de otras comunidades como Madrid, Valencia y Murcia que han acusado al Gobierno en numerosas ocasiones de ser «poco transparente» sobre los traslados de clandestinos de Canarias a sus zonas y de privilegiar a unas por encima de otras. De hecho, hasta finales de mayo casi cuatro de cada seis inmigrantes «derivados» acabó en Madrid.
La polémica de ayer se produjo un día después de que, «sin previo aviso», aterrizaran en Barcelona 48 «sin papeles» procedentes del archipélago canario. El gobierno catalán exigió al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero que un hecho así no vuelva a suceder. Tras la primera reunión después de las vacaciones, el portavoz Joaquim Nadal señaló que este tipo de traslados «crean indefensión y seguramente alarma», algo, aseguró, de lo que la Generalitat ya se ha quejado al Gobierno.
El traslado a Cataluña del grupo de inmigrantes, que se produjo sin el mínimo «tutelaje» que normalmente prestan las ONG, cogió no sólo por sorpresa al ejecutivo de Maragall sino también a la Delegación del Gobierno, según Nadal.
La delegación del Gobierno es la responsable del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona, las instalaciones donde recalaron brevemente los 48 inmigrantes antes de que fuesen abandonados a su suerte en las calles de la capital catalana. El centro de la Zona Franca, inaugurado hace apenas una semana, sustituye al antiguo de la Verneda, denunciado repetidas veces por sus pésimas condiciones. En todo caso, la polémica por la llegada de subsaharianos renueva la presión política sobre el delegado del Gobierno, Joan Rangel, ya ampliamente cuestionado después de la polémica «no» intervención de la Guardia Civil en la crisis del Aeropuerto de El Prat. Rangel puede tener los días contados en el cargo.
Sea como fuere, el portavoz Joaquim Nadal aseguró ayer que la Generalitat entiende la situación de excepcionalidad que se vive en las Canarias, algo que no obstante no justifica la llegada de inmigrantes sin ningún tipo de comunicación previa.
Según se explicó desde el gobierno catalán, desde principios de año han llegado a Cataluña 758 personas procedentes de Canarias, una cifra no obstante que algunas ONG consideran mucho más elevada. El traslado a la Península desde Canarias se lleva a cabo «normalmente» con el conocimiento de las administraciones autonómicas y la tutela de organizaciones de ayuda», explicó el portavoz, algo que no se ha dado en esta ocasión.
ERC, socio parlamentario del Gobierno, se anticipó a la Generalitat a través del jefe de filas republicano en el Congreso, Joan Puigcercós, quien aseguró que el Ejecutivo no tiene ningún «plan serio de acogida». «El presidente del Gobierno va a Canarias a dar apoyo, pero donde acaba llegando esta inmigración descontrolada es a Cataluña». «Aquí no caben todos», se quejaba Puigcercós acusando al Gobierno de no realizar un reparto equitativo de los inmigrantes en España.
Centros de internamiento, ONG
Equitativo desde luego no lo ha sido, pero Cataluña no es precisamente la comunidad que puede sentirse agraviada. Pese a que hace meses que no se ofrecen unas cifras homogéneas sobre los traslados desde Canarias, sus cifras de recepción de irregulares no tienen nada que ver con las de otras zonas, como se ha comentado. Así, hasta mayo frente a los 3.932 inmigrantes que habían «derivado» a Madrid, Cataluña acogió 400. En ese momento, Málaga, Murcia y Valencia eran los siguientes puntos de destino.
Esos datos se refieren a las personas que llegan a los centros de internamiento, pero hay otro grupo que ya ha cumplido los 40 días en las islas y son acogidos por ONG en la Península, que reciben subvenciones públicas del Ministerio de Trabajo. Entre unos y otros ya han sido enviados casi 12.000 inmigrantes en lo que va de año, de los casi 18.200 que han llegado, según fuentes del Gobierno canario.
Las abultadísimas cifras, que han multiplicado por cinco las del año pasado no dejaron ayer indiferente a ninguna comunidad. Los 139 inmigrantes que durante este mes de agosto han llegado a la Comunidad Valenciana han elevado a 1.220 el número total de ilegales que han aterrizado en Valencia y Alicante procedentes de Canarias, frente a los 172 que llegaron en 2005, lo que ha puesto a esta Comunidad «al borde del límite», según reconoció ayer la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel.
Pero no es sólo el número, sino la forma en que se realizan estos traslados lo que preocupa al gobierno autonómico, que critica duramente el «descontrol» y el «caos» que se está registrando y que está provocando «situaciones dramáticas».
La situación se repite en Murcia, cuya consejera de Trabajo, Cristina Rubio, exigió a la Delegación del Gobierno informaciones precisas sobre las llegadas de «sin papeles». «El delegado declaró recientemente que había una pausa en el envío de inmigrantes a Murcia, por lo que nos están engañando», dijo la consejera, que cifró en más de 700 las personas que ha recibido la comunidad en los tres últimos meses.
Son cuatro las comunidades que han protestado alegando la misma razón. Pese a ello, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, reiteró ayer en Almería que la redistribución de inmigrantes desde Canarias a la Penísnula se realiza «con total transparencia» y recordó que un expediente de expulsión «no tiene fecha de caducidad», «Siempre» se informa a los gobiernos autonómicos de los traslados a otros centros, aseguró.