PABLO ALCALÁ. LAS PALMAS.
Los menores inmigrantes en España no se rigen por la Ley de Inmigración sino por la de menores desamparados, lo que impide que sean devueltos a los países de los que son originarios y que, a su vez , estén bajo la tutela de la Comunidad autónoma a donde llegan.
Pero la Carta Internacional de Derechos del Niño establece que la tutela de un menor, alejado de su familia, corresponde al Estado de donde es originario; y es este argumento a que se ata el Gobierno de Canarias para solicitar a Unicef que apele a «que ningún país haga dejación de sus funciones», según declaró a Acn Miguel Becerra, portavoz del Gobierno de Canarias.
La búsqueda desesperada de un nuevo camino para reducir la incidencia del peso de los menores inmigrantes en Canarias, responde a las dimensiones que ha alcanzado la oleada de embarcaciones procedentes de África, y el aumento proporcional de menores a los que Canarias ha de dar acogida.
Las 250 plazas de menores con las que cuenta la Comunidad destinadas originalmente a menores no necesariamente inmigrantes se han visto desbordadas ante los 670 jóvenes que actualmente las ocupan. Esta circunstancia, y la certeza de que el número de llegadas podría dejar en las Islas a casi un millar de menores a final de año, obligan a Canarias a buscar nuevas fórmulas para solventar un problema al que la administración regional destina 30.000 euros por menor, es decir, que el coste actual del volumen de acogidos, representa una cifra superior a los 20 millones de euros.
Distancia cultural
No es el coste económico el problema prioritario que ha llevado al Gobierno canario a «bucear» en un resquicio de la normativa para paliar el desbordamiento. «La educación de un menor que se aleja de su familia tiene que producirse en el contexto cultural y hasta religioso del que procede», considera Becerra que recuerda la «sensibilidad» de su Gobierno para con los menores.
La apertura con carácter de urgencia de nuevas instalaciones otras dos serán abiertas en los próximos días no resuelve sin embargo la «trampa» de una normativa que obliga a las Comunidades a la tutela de los menores, y que en el caso de Canarias sólo tiene una línea ascendente. Becerra lamentó la falta de sensibilidad del Gobierno de Zapatero con esta cuestión, y recordó que fue tratada en la última visita de la vicepresidenta del Gobierno a las islas, sin que desde entonces se hayan dado pasos desde el Ejecutivo para resolverla.
Canarias ya apeló en su día al Gobierno para que diese respuesta a la problemática, sin que se recibiese respuesta alguna fuera del marco de la legislación vigente. Tal es la prioridad que el Ejecutivo de Adán Martín da a esta cuestión, que «estaría dispuesto a gastar todo lo que gasta ahora en el cuidado de los menores aquí en centros de allí», lo que supondría inversiones tanto en la formación de educadores como en la construcción de los centros o su mantenimiento, cuentas que, no obstante, reducirían los costes actuales para la administración canaria.