Una manifestación contra la inmigración convocada en Canarias llega a la Fiscalía por un posible delito de incitación al odio. Cuarenta abogados y abogadas han emitido un escrito a la Fiscalía Superior de Canarias en el que advierten que la convocatoria del 6 de julio, organizada a través de las redes sociales, puede ser constitutiva de un delito de manifestación ilícita y de un delito de odio al asociar los desplazamientos de personas con criminalidad, terrorismo y gasto social.

El escrito, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, apunta que el cartel de la convocatoria está formado por consignas que ‘’en un primer momento inducen a pensar’’ que el objetivo es exigir el fin de las muertes en el mar y la desarticulación de las mafias de tráfico de personas. Sin embargo, ocultan ‘’el verdadero sentido’’ de la protesta, que es incitar ‘’a una hostilidad, odio y discriminación respecto a los migrantes procedentes del continente africano’‘, empujando al pueblo canario a que tenga ’’sentimientos de hostilidad, odio y discriminación’’.

Los abogados recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a través de diferentes resoluciones establece que la libertad de expresión ‘’no puede ofrecer cobertura al llamado discurso de odio’‘. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dispone que ’’toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley’’.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Según los letrados, el cartel y las consignas insertas en la convocatoria de la manifestación, que pretende celebrarse en todas las islas, incumplen con estos preceptos. ‘’Es malévolo, cruel y perversamente racista, y por ello entendemos delictivo criminalizar continuamente a los africanos pobres que llegan a Canarias, acusándolos torticeramente de ’’invadir’’ nuestra tierra’’, reza el escrito.

El artículo 510 del Código Penal sanciona a quienes ‘’públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo’’, señala el documento.