MADRID.- Más de 11.000 inmigrantes han sido trasladados a la Península en lo que va de año ante el colapso que sufren las instalaciones de las islas Canarias. Esta cifra supone casi el triple de los que fueron derivados durante 2005, según los datos del Ministerio del Interior.

La mayoría de los sin papeles son desplazados a Madrid, Málaga, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. El Gobierno de esta comunidad denuncia el desigual reparto, ya que, según sus datos, el 85% de los subsaharianos es enviado a autonomías del Partido Popular.

Los vuelos de los subsaharianos a la Península se realizan con la máxima discreción y casi de manera clandestina para no crear alarma social ni levantar las suspicacias de los gobiernos autonómicos, informa Ana del Barrio.

Los inmigrantes salen de los centros de internamiento canarios justo antes de cumplir los 40 días que marca la ley y después son embarcados en vuelos de la compañía Swiftair fletados por el Ministerio del Interior.

Además de la Comunidad Valenciana, también la consejera de Inmigración de Madrid, Lucía Figar, ha protestado, ya que, según afirma, su región recibe el 65% de los traslados, mientras que otras regiones como Cataluña apenas registran el 6% del total.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) denuncian el ocultismo con que Interior realiza los vuelos: “Estos son los viajes secretos que hace Interior y ya van más de 11.000 africanos desplazados”.
¿Efecto llamada?

Son los famosos vuelos solidarios que nunca quieren sacar a la luz. Culpamos a Caldera de que se esté produciendo y se siga generando un “efecto llamada”, manifestó el lunes Rodrigo Gavilán, portavoz de este sindicato policial, quien también criticó los continuos parches que está poniendo el Ejecutivo a la política migratoria.

Los continuos traslados de subsaharianos están desbordando a las Fuerzas del Orden. La Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid no da abasto, ya que, según denuncia en un escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, los traslados se realizan casi a diario e incluso en fines de semana y en ocasiones se ven obligados a incumplir la ley. El escrito destaca “el desgaste y el coste diario que supone dar cumplimiento a este servicio y lo costoso que resulta para la propia Dirección General de la Policía por el derroche de medios que ha de poner a disposición”.

Según la ley, para un traslado de 100 subsaharianos serían necesarios 16 vehículos celulares con más de 16 funcionarios, algo inviable para el funcionamiento de la brigada. Todos estos desplazamientos se realizan porque los subsaharianos, una vez que aterrizan en la Península, pasan por los centros de internamiento para realizar un trámite protocolario: se les da de alta en el centro y, a los pocos minutos, se les da de baja para ponerles en libertad.

Tras ser puestos en libertad, los inmigrantes permanecen alojados durante unos días en las dependencias de ONG como Cruz Roja o Accem, donde se intenta ponerles en contacto con algún familiar o amigo que les pueda alojar. Los que no tienen esa suerte, terminan en la calle con una orden de expulsión imposible de cumplir, pero que les impide trabajar y conseguir los papeles.