Las ONG que atienden a los inmigrantes fueron ayer críticas con el envío a Barcelona de una cincuentena de sin papeles que, pese a tener orden de expulsión, podrán permanecer por ahora en España, ya que no existe convenio de repatriación con sus países de origen. Esta circunstancia, coincidieron varias de estas organizaciones, dificulta mucho su labor, ya que deben atender a personas que no van a poder encontrar trabajo de forma legal.

El coordinador de Cruz Roja en Catalunya, Enric Morist, abundó en esta contradicción advirtiendo que a estas personas “les proporcionamos alojamientos, visitas médicas y les facilitamos el contacto con familiares, pero si no pueden encontrar trabajo no pueden ganarse la vida de forma legal”, lamentó.

La secretaria general de la Comissió Catalana d´Ajuda al Refugiat, Àgata Sol, lamentó que las personas que en la práctica no son expulsables no sean incluidas en un programa de acogida que “favorezca su inclusión en el mercado laboral”.

Por parte de SOS Racismo, su portavoz, Begoña Sánchez, reclamó “la revocación de las órdenes de expulsión que no van a poder ser ejecutadas”. En su opinión, “no tienen sentido estas órdenes” porque impiden "encontrar trabajo y estas personas quedan a dependencia de servicios y de un circuito de atención que no cumple con el objetivo final, que es el de la integración.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora de Entidades de Inmigrantes de Catalunya, Alejandro Erazo, criticó que la orden de expulsión “no es una vía de resolución y de normalidad” porque los inmigrantes quedan “abandonados a su suerte”.

“Si ya llegan con esta orden de expulsión es imposible conseguirles cualquier regularización de su situación” en España, observó Erazo en declaraciones a Europa Press, para agregar que en su opinión “deben existir procesos de regularización permanentes sin situación de excepcionalidad”.