Ministerio de Interior, Delegación del Gobierno, secretaría de Inmigración y Govern discrepan sobre cómo se hizo un traslado que también critican las ONG

IÑAKI ELLAKURÍA / LUIS IZQUIERDO – BARCELONA/ MADRID

La Delegación del Gobierno dice que supo del envío de extranjeros unas horas antes, pero no aclara si informó al Govern
El Govern expresó ayer su malestar al Gobierno por el traslado de medio centenar de inmigrantes desde Canarias al centro de internamiento de extranjeros (CIE) en Barcelona, y su posterior abandono en las calles con la única compañía de un bocadillo y una botella de agua.

“Les hemos dicho que no se puede repetir otra vez”, afirmó el portavoz del Govern, Joaquim Nadal, quien confirmó que el traslado se hizo “sin aviso previo” al Ejecutivo catalán. “Es responsabilidad del Gobierno”, señaló Nadal, quien a su vez trató de dejar al margen de la crítica a la Delegación del Gobierno en Catalunya, al afirmar que el traslado se llevó a cabo sin que ésta estuviera advertida – algo que la propia delegación desmintió después-.

El control y gestión de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) corresponde en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía. No obstante, un portavoz de Interior, preguntado por este diario sobre si se había informado a la Delegación del Gobierno o al Govern sobre los traslados del lunes, respondió que existe un acuerdo firmado por el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas que tienen CIE en el que se regulan los pasos que seguir cuando se produce un traslado de inmigrantes. El protocolo establece que es la secretaría de Inmigración, que dirige Consuelo Rumí, la que se encarga de informar con anticipación a las diferentes delegaciones del Gobierno y éstas, a su vez, facilitan los datos a las comunidades.

¿Cabe interpretar entonces que la institución que no trasladó la información sobre el traslado a Catalunya – en el caso de que ésta, como señaló Nadal, no fuera informada- fue la secretaría de Estado de Inmigración? Sin respuesta. Fuentes del departamento de Rumí se negaron a hacer comentarios sobre su participación en los canales de información y se remitieron a las declaraciones realizadas ayer por la secretaria de Estado, quien aseguró que la redistribución de inmigrantes desde las islas Canarias a la Península se realiza “con total transparencia”.

Por último, fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya afirmaron que la información sobre el traslado les llegó “unas horas antes de que éste se produjera”, aunque declinaron responder a la pregunta de si informaron de esta operación a la Generalitat.

Nadal no sólo criticó que no se avisara al Govern, sino también, implícitamente, el resultado final de la operación, con el abandono a su suerte de los extranjeros. Lo hizo cuando criticó que el traslado se hiciera también al margen de las ONG y cuando advirtió que estas operaciones deben hacerse de acuerdo con todos los protocolos establecidos “tanto para la garantía de los derechos básicos de los inmigrantes como de la sociedad”.

A pesar del malestar generado por este último traslado, Nadal afirmó que el Govern entiende la “excepcionalidad de la situación de emergencia” que vive este verano el archipiélago canario con la llegada masiva de cayucos. Pero pidió celeridad al Gobierno y la UE para que firmen convenios bilaterales con los países de África subsahariana y que se “trabaje para que la excepcionalidad que se produjo en Barcelona no se repita más”.

Se da el caso de que la consejera valenciana de Benestar Social, Alicia de Miguel (PP), admitió ayer que su Gobierno sí está siendo informado por el Ejecutivo central de los traslados de inmigrantes, aunque culpó a éste de crear “un caos” y de estar “absolutamente desbordado”. También el Gobierno murciano culpó a la Administración central de no alertar del envío de los inmigrantes a su comunidad.

Asimismo, terció en la polémica la ex consellera de Benestar i Família, Anna Simó (ERC), al señalar que en cuanto a las políticas migratorias “ha habido un cambio cualitativo respeto a las políticas del PP, que enviaba aviones a las Canarias sin avisar a Catalunya”. “Ahora – añadió- el PSOE avisa con 24 horas de antelación”.

Por su parte, el secretario de economía y empleo del PP, Miguel Arias Cañete, denunció ayer que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “redistribuye a los inmigrantes que llegan a Canarias por las comunidades autónomas gobernadas por el PP”.-