La Fiscalía de Extranjería ha presentado una querella contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, por presuntos delitos de trata de personas en concurso con explotación laboral de menores migrantes y falsedad documental.

Trabajo investiga si el presidente de COAG Canarias empleó de forma ilegal a menores migrantes en sus fincas

Según ha avanzado este lunes Canarias7 y han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, la querella también se dirige contra la hija de Rafael Hernández, Elisa Hernández; el marido de esta, Christian Ruano; el secretario de la COAG, Manuel Redondo, y una trabajadora social de la asociación Oportunidades de Vida, Kathy Godoy.

Además, la querella se interpone contra dos personas jurídicas: la ONG Oportunidades de Vida y la empresa Sociedad Agrícola de Transformación, Agrocanarias, propiedad de Rafael Hernández.

La Policía de Extranjería e Inspección de Trabajo se personaron el pasado 20 de junio de 2023 en una finca del presidente de la COAG, donde hallaron a diez menores trabajando, lo que concluyó en un expediente sancionador que se suspendió cautelarmente con motivo de la investigación penal contra Hernández, a raíz de una denuncia anónima.

Los chicos supuestamente objeto de explotación eran menores tutelados por el Gobierno de Canarias y se alojaban en el centro Tagoror de Gran Canaria, dirigido por Elisa Hernández, si bien el citado establecimiento pertenece a la ONG Oportunidades de Vida, que preside Rafael Hernández.

La denuncia anónima, más otra presentada por un extrabajador de la organización Oportunidades, dio lugar a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía.

El yerno de Rafael Hernández era el encargado de la finca donde supuestamente trabajaban de forma irregular los menores inmigrantes, que presuntamente asistían a unos cursos de formación en labores agrarias.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Cuando fueron citados ante la Fiscalía, con motivo de la investigación abierta, los querellados se acogieron a su derecho a no declarar.

Tras conocerse estos hechos, Hernández que ejercía como pastor de la Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo, fue expulsado del Consejo Evangélico Canario.