La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha anunciado que este lunes interpondrá una querella contra la Dirección General de Infancia del Gobierno canario por las malas condiciones con las que, a su juicio, acoge a menores migrantes en la Casa del Mar de Lanzarote.

El Gobierno canario reconoce que el centro de menores de Lanzarote denunciado en la Fiscalía “tiene que cerrar”, pero lo mantendrá abierto

Una situación que, según recuerda en un comunicado, ha puesto de relieve la Red Ciudadana de Solidaridad con las personas Migrantes en Lanzarote y que dos abogadas de esta isla han llevado a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, dadas las deficiencias y condiciones insalubres del centro, donde están acogidos 55 menores llegados en patera, que aseguran que viven sin limpieza, sábanas o baños aptos y entre cucarachas y hormigas.

La Red destaca que la querella que presentará se fundamentará, entre otras cuestiones, en el proceso de contratación seguido para habilitar este inmueble para la acogida de menores migrantes, en el que asegura que ha detectado una importante carencia, ya que en el contrato no se exigieron “ratios exactas de personal ni se estableció una responsabilidad suficiente en esta materia para la entidad gestora, lo que ha generado un limbo asistencial para los menores tutelados”.

Además, los denunciantes aluden a “la responsabilidad directa de la Dirección General de Infancia canaria que, asumiendo el estado del centro, no ha destinado fondos de emergencia para hacer una mejora inmediata del mismo, una reestructuración de este o su remozo inmediato, algo que, al igual que la contratación de servicios, podía acometerse a la par”.

“La no existencia de alternativas para su acogimiento choca con la existencia de mecanismos en el ámbito del derecho y la contratación pública para garantizar que si ese era el único espacio físico disponible se le diera un acondicionamiento adecuado”, apostilla la Red.

El colectivo entiende que, “indistintamente de la falta de instalaciones, es perfectamente posible acometer los arreglos suficientes cuando, además, se está otorgando a la entidad concesionaria de dicho centro un importe mensual de más de 124.000 euros, según consta en el pliego de contrato vigente en la Plataforma de Contratación del Estado, donde se establecía el precio plaza y otras realidades”.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Para la Red, “la situación es totalmente indefendible. Una cosa es no tener espacios y otra es pensar que un menor, tras advertencias de la Fiscalía, puede vivir en estas condiciones. Es incomprensible que igual que se declaró la emergencia para la asistencia no se generasen contratos para adecuar las instalaciones de forma provisional, algo que se hace siempre, como pasó en el caso de Ceuta o Melilla, así como en Andalucía o Cataluña ante riesgos similares”.

El secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, recalca que en este caso “hay una grave negligencia en la gestión por parte de la Dirección General, que deberá determinar un tribunal”.