La Sindicatura de Greuges no tiene competencias sobre las actuaciones del Gobierno central; pese a ello, la institución, especialmente sensible a los problemas de la inmigración, empezó ayer mismo a interesarse por lo ocurrido. “No podemos intervenir”, explicó Laura Díaz, adjunta al síndic, Rafael Ribó, y anunció la intención de abrir una investigación al respecto.

“Estamos preocupados porque la situación generada está llevando al colapso a las instituciones y las ONG dedicadas a paliar los problemas de estos inmigrantes”, dijo Laura Díaz.

Ayer, sin embargo, en la Sindicatura se mantuvieron sólo “conversaciones informales” tanto con el Gobierno catalán como con la Delegación del Gobierno, con el objetivo de recabar información, señaló la adjunta al síndic, que insistió también en la colaboración que la Delegación del Gobierno ha prestado a la institución incluso cuando ha presentado quejas o sugerencias para mejorar la atención a los inmigrantes.

“Posiblemente habrá que revisar el protocolo”, añadió Díaz, “porque no es lógico que se prohíba trabajar a los incursos en un proceso de expulsión que, además, no se ejecuta nunca. ¿Cómo esperan que se mantengan?”.