La Generalitat de Cataluña hizo saber ayer al Ministerio del Interior su disgusto y rechazo por el envío a Barcelona, el lunes, “sin aviso ni garantía alguna de tutela”, de 50 inmigrantes africanos procedentes de Canarias. El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, explicó que “comprende” la excepcionalidad de la emergencia que viven las islas Canarias con la llegada de subsaharianos, pero que envíos de este tipo “no deben repetirse”. Interior asegura que estos traslados se pactaron con todas las comunidades autónomas en febrero de 2005. 4.200 extranjeros fueron trasladados ese año a la Península, la mayoría a Madrid.

La publicación de las imágenes de los inmigrantes saliendo del centro de retención de Barcelona ha provocado una intensa polémica en esta comunidad. Nadal explicó que esta situación provoca “indefensión” en los inmigrantes y “alarma” en la sociedad.

Le contestó Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración. Señaló desde Almería que la redistribución de los saturados centros de las islas a la Península se realiza “con total transparencia”. Sin embargo, Interior negó ayer a este periódico los datos de este año sobre traslados de inmigrantes, argumentando que sólo los ofrecen anualmente. Sólo confirma que el año pasado fueron enviados 4.200 extranjeros desde las islas a la Península, donde quedaron libres al cumplir los 40 días legales por la imposibilidad real de expulsarlos. La mayoría de ellos, según admite Interior, llegan a Madrid.

Nadal explicó que a través del protocolo firmado por todas las comunidades han llegado este año a Cataluña 758 inmigrantes, sin contar los 50 del lunes. Rumí aseguró que “siempre” se informa de esta situación a los gobiernos autonómicos. Sin embargo, la alarma ha saltado precisamente porque los 50 llegados el lunes a Barcelona lo hicieron sin aviso alguno.

Convenios con el Gobierno

En el proceso de distribución de los inmigrantes por España intervienen las ONG que han suscrito convenios con el Gobierno con esta finalidad. Pero este no fue el caso de los llegados el lunes a Barcelona. Por ese motivo, entidades como Cruz Roja, Accem o la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado no pudieron atender a los inmigrantes que fueron expulsados del centro y enviados a vagar sin rumbo por Barcelona. La mayoría son senegaleses.

El PP se sumó ayer a la polémica y dio a conocer los únicos datos oficiales disponibles, ante la negativa de Interior. Salen de una respuesta parlamentaria contestada con cuatro meses de retraso. El PP, por boca de Miguel Arias Cañete, responsable de Economía, asegura que la mayoría de los envíos se producen a comunidades gobernadas por este partido. Según esos datos oficiales, entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2006 se realizaron 31 viajes, de los cuales 18 fueron a Madrid, seis a Barcelona, seis a Málaga y otro a Murcia. En 2005, la desproporción es más evidente. De 93 vuelos, 73 fueron a Madrid, siete a Málaga, seis a Murcia, cinco a Valencia y dos a Barcelona. Los demás fueron escalas. En 2004 no hubo ningún vuelo a Barcelona.

Consuelo Rumí anunció ayer que, “como una muestra de voluntad por parte de todos los gobiernos autonómicos”, se celebrará una conferencia en septiembre para analizar la posibilidad de que el Gobierno asuma la redistribución de menores a otras zonas del país, “del mismo modo que sucede con los adultos”. Canarias se encuentra en la actualidad desbordada por el número de inmigrantes menores que han llegado a las islas. Hasta el pasado lunes había 671 (421 por encima de las plazas habilitadas a principios de año). El director general de Protección del Menor canario, José Luis Arregui, ha planteado la posibilidad de pedir ayuda a la ONU para afrontar el problema.

La secretaria de Estado de Inmigración también aseguró ayer, en declaraciones a Onda Cero, que “no hay ninguna expectativa con respecto a que se haga una nueva regularización que permita a los inmigrantes irregulares quedarse en España”, y añadió que “hablar de posibles regularizaciones es alentar a las mafias”.