La reforma de la Ley de Extranjería para distribuir en todas las autonomías españolas a los menores migrantes que desbordan Canarias depende de PP y de Junts para que salga adelante. Los populares exigen matizaciones y evitan aún definir su postura mientras que Junts se ha posicionado ya prácticamente en el “no”. En este sentido, fuentes de los posconvergentes han explicado que rechazan la acogida de más migrantes y pretenden quedar excluidos de la reforma legislativa del artículo 35 de la Ley de Extranjería porque, además, están en plenas negociaciones para asumir las competencias de inmigración.

El partido de Carles Puigdemont señala que ahora mismo lo que se propone con la reforma legislativa es un “cupo obligatorio por Ley” y sería el Gobierno “quien decida el reparto”, algo que no están dispuestos a aceptar los posconvergentes. Actualmente, el redactado del artículo 35.12 de la Ley de Extranjeria dice lo siguiente: “Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración”. La intención del Gobierno canario, que es quien promueve la reforma legislativa, pasa por modificar este precepto para que el reparto de menores migrantes no acompañados pase a ser una cuestión de Estado y no recaiga en las autonomías.