Entre El Vellón y Fuenlabrada median 85 kilómetros, que atraviesan de norte a sur la Comunidad de Madrid, y en la última semana han confluido en una misma cuestión: los centros de menores no acompañados. En el primero por las protestas vecinales y en el segundo por la construcción de un nuevo espacio para migrantes en el que ha tenido que intervenir la Justicia y está bajo el foco de la Unión Europea.

Todo ello aderezado por un clima político que ha puesto de nuevo estos espacios en el centro del debate público con Vox recurriendo de forma insistente a su cierre y con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada enfrentados por las obras para instalar este recurso en los terrenos de La Cantueña. Mientras el Consistorio confía en la actuación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia para impedir su construcción, la Justicia ratificó ayer la continuidad de las obras iniciadas por el Gobierno regional.

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El auto del juzgado de lo contencioso administrativo número 24 de Madrid apuntan que «los intereses generales» de la Comunidad de Madrid deben considerarse «prevalentes» a los del Consistorio «en un contexto de presión migratoria en alza y de recursos desbordados» como consideran los magistrados la situación actual. El auto también apunta que «desde hace décadas» no se desarrollan actividades en La Cantueña y, por tanto, «no existe ningún uso público del espacio que se pueda ver comprometido por el acometimiento de las obras».

De este modo, la Comunidad de Madrid ve refrendada su intención de seguir adelante con un nuevo centro para menores migrantes en Fuenlabrada que se una a la red regional pese a la oposición del Ayuntamiento del socialista Javier Ayala. Desde el Consistorio, por su parte, aseguran que su oposición no es tanto a la acogida de menores como al «formato» que plantea el Gobierno regional y a «la imposición» del mismo que se está haciendo desde la Puerta del Sol.
Distinta es la situación que se está dando en El Vellón, donde la oposición al centro proviene de un grupo de vecinos de la Sierra Norte tras un altercado que se vivió la semana pasada y que está siendo investigado por la Consejería de Familias, Juventud y Asuntos Sociales. También la Delegación del Gobierno en Madrid, tras los incidentes, trasladó a la Fiscalía Superior de la Comunidad un escrito en el que indicaba que había «deficiencias» en el funcionamiento que habían sido descubiertas por una inspección del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE.

Cabe recordar que en los últimos años también se han sucedido las quejas vecinales en otros dos centros de menores de la capital, el de Hortaleza y Casa de Campo. De hecho, el primero de ellos llegó a ser atacado en el año 2019 con una granada tras realizar Vox varios actos en las inmediaciones del mismo. A pesar de esas quejas, la Comunidad de Madrid insisten en mandar «un mensaje de calma» hacia la población y reafirmar «la seguridad» de todos sus recursos. «Dentro de estos centros se producen los mismos incidentes que en cualquier otro domicilio, nada más», señalan fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso consultadas por este diario.