Por VALENTÍ PUIG
AL Estado le ponen cerco las mafias que controlan el tráfico de «cayucos» que llegan abrumadoramente a las costas canarias. No es que estemos en fase de revisión de las leyes de inmigración como ocurre en casi toda Europa con carácter restrictivo respecto a políticas previas más laxas: lo que tenemos en España es el desbordamiento del imperio de la ley por los sin papeles, la alteración de los fundamentos de soberanía que rigen el derecho a la frontera. Estamos en el umbral de un semicaos, de un efecto llamada que crece en proporción geométrica y de una psicosis de inseguridad que se traslada desde el archipiélago Canario al conjunto de la sociedad española. Se tiene la sensación de que el gobierno socialista no ha hecho nada o que, si ha hecho algo, lo hizo mal.
Al desembocar abruptamente en situaciones de este tipo los precedentes suelen ser la ambigüedad, la componenda aliviadora de los buenos sentimientos, el maquillaje de bondad a ultranza antes que el deber de ejercer la autoridad. Esos antecedentes llevan a la percepción incluso exagerada de un caos, pero es que no pueden conducir a otra cosa. Ya con recursos de nueva tecnología, las mafias coordinan y teledirigen los «cayucos» a modo de una avalancha de gentes desprotegidas y necesitadas, niños incluidos, que merecen de nuestra asistencia humanitaria por una parte y por otra requieren por ley de una inmediata repatriación porque llegan sin papeles a una tierra que de forma soberana decide cuantos inmigrantes acepta y cómo.
El Gobierno británico, por ejemplo, se propone no dar acceso automático al mercado laboral a trabajadores de Rumania o Bulgaria que en dos años ingresan en la Unión Europea. Un debate parecido sigue su curso en los Estados Unidos. En Francia, Sarkozy toma medidas reguladoras más estrictas. Al tratar de que, racionalmente, el inmigrante cubra los sectores laborales que nuestras poblaciones hoy no ocupan, se habla en general del «point system» canadiense. Según este sistema, el candidato suma puntos según sean los requisitos en demanda. Lo que se pretende en general es aplicar con efectividad y rigor la capacidad de elegir quién llega y a qué trabajo ha de dedicarse.
En España, la cuestión de ahora mismo no es sobre cuántos ni cómo, sino qué vamos a hacer con los que cruzan nuestras fronteras de mar o tierra y, sin documentación alguna, se sirven de una incapacidad del sistema de regulación para proceder a repatriarles de inmediato. Frente a las mafias y a los países desde donde parten los «cayucos», la autoridad de España tiene una credibilidad nula porque no ha sabido atenerse a la norma de la tolerancia cero: tolerancia cero contra las mafias, actitud de fuerza ante los países emisores que luego practican formas más bien rudimentarias de chantaje económico.
Quien contemporice con estas avalanchas a la espera retórica de una futura coordinación europea de las leyes de inmigración o es que vive en las nubes o es que busca la emergencia de una extrema derecha en España. Eso se verá pronto, muy pronto. El flujo masivo de inmigrantes ilegales y el descontrol de las fronteras de cualquier Estado soberano son realidades de tanta gravedad que paradójicamente se hace menos perceptible cuando llegamos de las vacaciones más bien acostumbrados al baño maría emocional del zapaterismo. La inmigración ilegal y de tanta arremetida tendrá un coste político pero ahora lo prioritario es mucho más elemental, tan elemental como ganarle el pulso a las mafias que trafican con la miseria subsahariana y llenan los «cayucos» de gentes sin documentación, hasta las costas canarias. Gobernar consiste a veces en hacer algo impopular para lograr un objetivo del bien común. La tolerancia cero ante las mafias de la inmigración ilegal sería un criterio básico, tal vez de figura drástica y transitoriamente impopular para el zapaterismo, pero de índole única para la credibilidad de España.
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