LAS Islas Canarias han sufrido este pasado fin de semana una avalancha histórica de inmigrantes ilegales y su primera consecuencia es la constatación, ya indiscutible, de que el Gobierno hace aguas en todos los frentes de este problema. Por un lado, las cifras de inmigrantes que han arribado a los puertos canarios en lo que va de agosto superan las de todo 2005. Los centros de internamiento están saturados, tanto que ahora los inmigrantes se hacinan en las comisarías de Policía. La realidad no es la que dibuja el paseo propagandista de Zapatero por uno de ellos, sino la ausencia de soluciones para una tragedia que aumenta día a día y cuyas perspectivas empeoran al mismo ritmo. El presidente del Gobierno, inconvenientemente instalado para pasar sus vacaciones allí donde existe ya una auténtica emergencia humanitaria, debería ser consciente de que la inmigración ilegal le está superando. El ministro supuestamente competente, Jesús Caldera, está ausente o escondido, después de prodigarse en propalar las virtudes de la regularización masiva ejecutada el pasado año, factor decisivo de este flujo constante que envían las mafias desde las costas africanas. La política exterior cuenta con la incorporación de última hora del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante la falta de resultados de su titular, Miguel Ángel Moratinos, cuyas giras por África no han dado resultados. La visita a la carrera que ayer efectuó Rubalcaba a Senegal demuestra la precariedad de nuestros contactos diplomáticos, pero tiene, al menos, la sinceridad de subrayar el carácter de orden público que presenta actualmente la inmigración ilegal.
Por su parte, la vicepresidenta ha anunciado un viaje a Finlandia, sobre quien racae la presidencia de turno de la UE, pare reclamar los medios que ella misma y el propio Zapatero anunciaron hace meses a bombo y platillo calificando entonces la decisión comunitaria como una «salto cualitativo». El ministerio de Exteriores finlandés ayer no sabía nada de una visita anunciada para mañana.
Pero el problema continúa con el destino de los inmigrantes ilegales que no pueden ser repatriados otra más: el incumplimiento de los acuerdos de repatriación que supuestamente iban a ser decisivos para implicar a los Estados de origen, pues esos inmigrantes son trasladados a la Península y puestos en la calle una vez que se agota el plazo máximo de internamiento. Y a partir de ahí, carne de marginación, explotación laboral y delincuencia. Son los famosos «vuelos de la vergüenza».
La distribución de inmigrantes ilegales por diversas ciudades peninsulares más de 11.000 en 2005 es inevitable para aliviar la situación en Canarias, pero la magnitud de las cifras hace que el traslado no sea más que una propagación del problema, cuando no un agravamiento del mismo ante el descontrol en el que se hallan los inmigrantes que abandonan los centros de internamiento. Esta política de vuelos de reparto ya está causando suspicacias hacia el Gobierno por parte de las ciudades afectadas mayoritariamente gobernadas por el PP, como Madrid, Murcia, Málaga y Valencia, aunque también Barcelona está en la lista, cuando se trata de una situación que el Ejecutivo debería abordar sólo con criterios legales y humanitarios. El hecho es que el inmigrante que no puede ser repatriado se queda, y esto es la realidad que manejan las mafias que trafican con ellos y que ven que España, como denunció Rajoy, es «un coladero».
La respuesta política y legal a la inmigración se hace cada día más compleja, pero precisamente por esto es necesario que el Gobierno ofrezca sincera y lealmente un acuerdo de Estado al PP, única forma de asegurar una política estable y disuasoria para las mafias. También sería una credencial ante la UE de enmienda de los errores. Y, por supuesto, sustraería este problema de la lacra de la demagogia en la que lo ha sumido el Gobierno. Las posibilidades de tal acuerdo de Estado son escasas, vista la predisposición del PSOE a romper todos los que aceptó en su día y alguno anterior, como el consenso constitucional antes que a forjarlos, pero, aunque la rectificación entrañe asumir los dislates cometidos, las expectativas son tan negativas que los socialistas deberían planteárselo.