Han sido décadas de vivir con miedo, pero eso de momento se acabó. María de la Cruz recibió con “alivio” la orden ejecutiva presentada este martes por el presidente Joe Biden que protege de ser deportados a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. La medida, anunciada cinco meses antes de las elecciones a la Casa Blanca, abre el camino hacia la regularización de unos 500.000 residentes en Estados Unidos desde hace al menos una década y de unos 50.000 hijos de esos indocumentados menores de 21 años.

“Esto me da esperanzas de poder regularizar mi situación después de tantos años en este país”, dice a EL MUNDO De la Cruz, una mexicana de 47 años, casada con un ciudadano estadounidense, que cruzó la frontera en 1994 para poner rumbo hacia Los Ángeles, donde trabaja como profesora de español. “Durante años tuve miedo por mis hijos pequeños. Me inquietaba pensar que me podían deportar y dejarme fuera durante 10 años, sin que ellos se pudieran valer por sí mismos. Era un castigo excesivo que me alegro que ahora deje de existir”.

La nueva orden establece que aquellos que cumplan con los requisitos dispondrán de tres años para solicitar su permiso de residencia permanente —conocido popularmente como Green Card— sin tener que abandonar el país, como se exigía anteriormente como condición sine qua non para obtener un perdón y poder regresar. Optarán, además, a un permiso de trabajo de tres años de validez mientras completan el trámite definitivo, siempre y cuando no representen una amenaza para el país, paguen impuestos y se hayan casado antes del 17 de junio de 2024.

En un discurso desde la Casa Blanca, Biden ha insistido en la necesidad de “mantener a las familias unidas” y erradicar el “miedo y la incertidumbre” con la que muchos de los indocumentados llevan años viviendo en EEUU. “Podemos arreglarlo y eso es lo que voy a hacer hoy”, ha indicado. Además, ha criticado a Trump por acusar a los inmigrantes de ser animales o un veneno para la sociedad. “Cuesta creerlo, pero lo está diciendo”, ha añadido.

Se trata de la medida más relevante en materia de inmigración desde que Barack Obama creó el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) para amparar a hijos de indocumentados nacidos en el extranjero. Biden eligió el duodécimo aniversario de ese programa para anunciar sus medidas que, en otras cosas, agilizará el trámite de los permisos de trabajo para aquellos dreamers —como se conoce a los beneficiarios del DACA— que hayan terminado la universidad y cuenten con una oferta de empleo.

“Las familias deben estar juntas, así de simple”, dijo la directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, en un comunicado. “Es por eso que las acciones del presidente Biden hoy son tan importantes, y también es un poderoso y crudo recordatorio del legado imperdonable de Donald Trump de separar a los niños cuando implementó su política de separación familiar”.

La orden —o Parole in Place (PIP)— ha sido bien recibida por algunas organizaciones de inmigrantes. Todd Schulte, presidente de FWD.us, indicó que “se trata de un tremendo paso adelante del presidente Biden y una más que necesaria promesa cumplida para cientos de miles de dreamers y familias americanas con miembros indocumentados. Al eliminar las barreras que impiden que los cónyuges se queden con sus familias, (Biden) puede cumplir su promesa de proteger a los perjudicados por nuestras leyes de inmigración quebrantadas”.

CRÍTICAS REPUBLICANAS
La orden ejecutiva compensa, de alguna forma, el aluvión de críticas recibidas por la Administración Biden tras endurecer las medidas en la frontera para el cruce de indocumentados en busca de asilo político. El mandatario demócrata decretó a principios de junio el cierre de los pasos con México si se alcanzaban los 2.500 cruces diarios, una cuota que en la actualidad se supera todos los días.

Aún así, la bancada republicana cree que la política presidencial se queda corta y abogan por recuperar las medidas draconianas impuestas por Trump en la frontera que llevaron a separar a miles de familias de sus hijos y que obligaban a cientos de miles de indocumentados a esperar en México por su petición de asilo en EEUU, pese a proceder de países tan lejanos como Venezuela, China o Colombia.

La decisión de Biden no solo puede traducirse en un importante puñado de votos de cara a noviembre en estados clave como Arizona o Nevada, sino que supone un tanto a favor para la maltrecha imagen del candidato demócrata en las últimas semanas. Más que de economía, exteriores o inmigración, se ha hablado y mucho en los últimos días de su aparente débil estado de salud, con situaciones preocupantes en las que parece quedarse paralizado o perder la noción de lo que está sucediendo a su alrededor.

Le pasó hace unos días durante las celebraciones de Juneteenth, en donde el hermano de George Floyd se preocupa por la falta de movimiento de Biden y le pasa la mano por los hombros. Y el pasado fin de semana en Los Ángeles, durante un evento de recaudación de fondos. En esa ocasión fue Obama el que acudió al rescate de su amigo, sujetándole por el brazo y acompañándole para abandonar el escenario del teatro Peacock.

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Es un tema que a buen seguro usará Trump en su contra cuando se vean las caras durante el primer debate presidencial entre ambos la semana que viene en Atlanta. Durante días ha circulado el bulo propagado por un medio afín al republicano de que Biden había pedido estar sentado durante los 90 minutos del debate por no poder aguantar de pie, algo que su campaña ha negado de forma rotunda.

La cuestión migratoria será otro de los temas calientes, con seguridad. Trump ha prometido más mano dura a su base de seguidores, pese a que nunca logró terminar el muro fronterizo y que las deportaciones bajaron de forma dramática durante su presidencia. En ese sentido, Biden se parece más a Obama, que alcanzó una cifra récord de expulsiones, irónicamente.