La inmigración ilegal que llega a Canarias desde las costas africanas no sólo afecta a hombres y mujeres adultos, sino también a niños. Además, para estos niños que llegan a las islas Canarias sin la compañía de sus padres no hay respuesta, puesto que no son trasladados a la Península como pasa con los adultos. Los 670 menores africanos que actualmente están en Canarias dependen, según la ley del Menor, de la comunidad autónoma en la que se encuentran – Canarias, en este caso-, que además es la que cubre sus gastos. Bajo la tutela del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares, estos muchachos viven en los centros habilitados para ellos hasta los 18 años.

Durante este año, el número de menores llegados a las islas ha crecido de manera espectacular y así, en los 20 días de agosto, han llegado a Canarias a bordo de cayucos 130 muchachos, cuando durante todo el pasado año la cifra no llegó ni al centenar, según señala el viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración de Canarias, Froilán Rodríguez.

Este año han llegado 400 menores, elevando el número de acogidos a 670, cuando el número de plazas habilitadas para estos jóvenes es de 250, distribuidas entre las siete islas. Según añadió Rodríguez, en las 250 plazas de los centros de acogida hay 286 menores, los restantes 384 muchachos se distribuyen en albergues juveniles o residencias escolares. Lugares que, en sus palabras, no reúnen las condiciones para albergar a estos jóvenes. Para el viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración, el problema es “grave” y, además, va en aumento. Según las previsiones, el 2006 acabará con la llegada a Canarias de unos mil menores inmigrantes. Una cifra que el Gobierno de Canarias no puede asumir económicamente y por la cual solicita al Estado una solución inmediata, que suponga el desvío y reparto de estos menores a otras comunidades o bien que se les aplique la ley de Extranjería para que sea el Gobierno central el que tutele y corra con los gastos. Cada menor le cuesta a las administraciones 30.000 euros anuales en gasto directo, gastos sanitarios y educativos aparte. SILVIA FERNÁNDEZ