El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha tildado este viernes de “absolutamente insostenible” la atención de los casi 5.900 menores migrantes que están bajo tutela de la comunidad autónoma y ha pronosticado que van a acabar “montando carpas o teniendo campamentos de la vergüenza” porque el Estado no cede instalaciones militares.

En declaraciones a los periodistas tras una visita a la Gomera ha dicho que no se puede “engañar a la población” tras un año en el que llevan advirtiendo de la situación al Gobierno central pues “tristemente se batieron todos los récords”.

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Así, ha recordado que desde el mes de enero trabajan con el Gobierno de España para “tratar de articular y consensuar un texto” en torno a la reforma de la ley de extranjería para que la derivación de los menores migrantes a otras comunidades autónomas se haga de forma obligatoria.

Sin embargo, ha señalado que “los meses se han ido alargando y las negociaciones se han ido dilatando” y si se cumplen las previsiones del Ministerio del Interior, de aquí a final de año llegarán 70.000 migrantes más a Canarias, de los que un 15% aproximadamente serán menores por lo que Canarias podría tener “17.000 o 18.000”, una cifra con la que no se le podrían garantizar sus derechos.

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REPARTO DE MENORES MIGRANTES: UN SISTEMA QUE NO FUNCIONA
Dos años después de que el Gobierno pactara con las comunidades autónomas repartir de manera solidaria y voluntaria a 400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta, aún no se han completado los traslados de aquel acuerdo y mucho menos los otros 374 acordados para 2023.

En una Conferencia Sectorial celebrada el pasado martes, las comunidades decidieron aplazar para la próxima reunión un nuevo traslado, de otros 400 niños y jóvenes, propuesto por el Ministerio de Juventud e Infancia en el mismo marco.

Buena parte de las autonomías se plantaron tras conocer, una hora antes de la reunión, el anuncio de otro Ministerio, el de Política Territorial, de que el Gobierno había alcanzado un “principio de acuerdo” con Canarias para abordar la reforma legislativa en la que llevan trabajando meses para, precisamente, obligar a los territorios a repartir a los jóvenes desde zonas con los recursos asistenciales desbordados, como Canarias y Ceuta.

En un mensaje de vídeo, el ministro Ángel Víctor Torres, celebró haber alcanzado este logro después de semanas de “intenso y diario trabajo”, aunque no explicó en qué consistía el acuerdo alcanzado. Horas después, tras la Sectorial, tanto la consejera canaria Candelaria Delgado como la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, negaron que hubiera ningún acuerdo cerrado.

Fuentes del Ministerio de Política Territorial han aclarado que el acuerdo está “prácticamente cerrado” con el Gobierno de Canarias a falta de solventar el detalle de la forma de tramitación que tendrá la reforma, ya que el Ejecutivo central aboga por que sea una proposición de ley y Canarias, un decreto ley.

En cualquier caso, el reto de ahora será conseguir el apoyo del PP para sacarla adelante, ya que Coalición Canaria se ha labrado el compromiso de su socio de coalición a nivel autonómico pero está por ver si la dirección nacional del PP da el visto bueno a la propuesta, han señalado las mismas fuentes.

El Ministerio de Juventud e Infancia no aporta datos concretos acerca del número de derivaciones prometidas que se han llevado a cabo realmente, pero fuentes ministeriales han señalado que el traslado acordado para 2022, de 400 jóvenes, se encuentra “avanzado” pero no completado, y reconocen que, de los 374 acordados para 2023, también quedan jóvenes por derivar.

El problema no es nuevo y los sucesivos gobiernos han optado por soluciones coyunturales ante los picos de llegadas de migrantes a las islas.

En 2007, tras la crisis de los cayucos, el Gobierno central prometió el traslado a la península de 500 menores no acompañados, pero la respuesta de las comunidades autónomas fue muy desigual, el programa avanzó a trompicones.

Con sus instalaciones saturadas, el Gobierno de Canarias llegó a firmar acuerdos con entidades sociales y trasladó a varios grupos de menores a centros de distintas comunidades, manteniendo su tutela.
Pero siempre defendió la necesidad de una reforma legal y en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prometió modificar la ley del menor en este sentido, pero nunca vio la luz.

Más allá de los menores, que a su llegada quedan bajo la tutela de Canarias, el Gobierno traslada regularmente a la península a buena parte de los migrantes mayores de edad que llegan a las islas, que son atendidos en un primer momento por el programa de atención humanitaria, gestionado por las entidades sociales, en recursos como centros de acogida, pisos, hoteles o residencias repartidos por todo el territorio.