El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este domingo que la situación en las islas es de “total desbordamiento” con los menores migrantes no acompañados, sobre cuya atención tiene las competencias el propio Ejecutivo regional, ya que, según él, no hay “espacio material”. El Gobierno encabezado por él no encuentra otra solución que pedir que sea el Gobierno de España quien se haga cargo, ubicando a estos menores en cuarteles en desuso. Pero, según Clavijo, el Estado se “niega” a ofrecer estas instalaciones militares, obviando que es el Gobierno canario el que debe aportar los recursos para ello. Aferrándose a esa negativa, el presidente canario justifica que su Gobierno esté planteándose la posibilidad de usar carpas u otro tipo de infraestructuras temporales para alojar a esos niños, que llegan a las islas solos.

Radiografía de la red de atención a migrantes en Canarias: la acogida de menores sigue siendo su punto débil

Así lo ha dicho este domingo en unas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a la función religiosa y procesión en honor a San Antonio de Padua en la Villa de Moya (Gran Canaria). Pese a ser competencia autonómica, el Gobierno central ha aceptado, a petición de Canarias, cambiar la ley de extranjería para que los menores migrantes sean repartidos también entre los recursos de acogida del resto de comunidades autónomas.

“Es una situación de total desbordamiento y siguen llegando niños y niñas. No tenemos espacio material y el Gobierno de España se niega a ofrecernos las instalaciones militares para poder atenderlos dignamente”, dijo el presidente, reclamando de nuevo que sea el Ejecutivo central el que ponga solución a la falta de recursos en las islas para los menores migrantes, que son responsabilidad del Gobierno regional. Cabe recordar que Canarias tiene un recurso menos de acogida desde que el pasado mes de abril el Gobierno de CC-PP cerrase en Lanzarote el mayor centro de acogida de menores migrantes de todo el Archipiélago. Ambos partidos celebraron entonces esta clausura, que se produjo poco después de que la Guardia Civil destapara un caso de coacciones y amenazas a los menores por parte de cinco trabajadores.

Este domingo Clavijo se ha aferrado a esa carencia de recursos para deslizar que su Ejecutivo ya se plantea “la posibilidad de poner carpas o de establecer infraestructuras temporales para poder dar el atendimiento”.

De esta manera, hizo especial hincapié en que el archipiélago lleva denunciando la problemática con los menores migrantes no acompañados desde hace “mucho tiempo” e incidió en que la cifra actual es ya de 5.900 menores. Hay que recordar, una vez más, que las competencias sobre estos menores son del Gobierno regional.

“Y en cuanto el tiempo vaya mejorando y las condiciones del mar vayan mejorando”, continuó Clavijo, “seguirán viniendo. El propio Ministerio hablaba de 70.000 migrantes más de aquí al final de año y, con una media del 15% de menores, son 10.000 más”.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Cuestionado por el posible uso de carpas, Clavijo comentó que el Gobierno regional ha buscado los espacios de los centros escolares y que están hablando con los ayuntamientos.

También expuso que Canarias lleva tiempo pidiéndole al Gobierno de España que habilite los espacios militares que tiene totalmente en desuso, “que sería el sitio idóneo por los baños, por los servicios, por las instalaciones y porque están acotados”.