León, 14 jun (EFE). – Unos 200 vecinos se han concentrado este mediodía frente al Ayuntamiento de Villaquilambre (León) para mostrar su rechazo a la llegada de 180 refugiados al municipio a partir del próximo 22 de junio.

En una asamblea celebrada anoche, los vecinos decidieron manifestarse diariamente cada mediodía frente al Ayuntamiento y a las 20.30 horas ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, así como poner en marcha una recogida de firmas contra la iniciativa.

Los vecinos han presentado en el Ayuntamiento una denuncia por lo que consideran una infracción urbanística y un uso indebido de licencia de actividad del Chalé el Pozo, un antiguo hotel que lleva más de una década cerrado ubicado en la localidad de Villarrodrigo de las Regueras donde está previsto instalar el centro de acogida.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Caminón, Roberto Álvarez, ha denunciado el “oscurantismo” con el que se ha gestado la llegada de estos refugiados al municipio, ya que ha dicho que hasta que ayer el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, confirmó la llegada de estas personas solo conocían los hechos por la prensa.

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha señalado que está a la espera de conocer los detalles sobre la llegada de los refugiados – el próximo lunes se reunirá con la Delegación del Gobierno – , se ha comprometido en trasladar a los vecinos toda la información y ha garantizado que velará por la buena convivencia, socialización y la seguridad de todos los vecinos del municipio.

El pasado lunes la orden hospitalaria de San Juan de Dios contactó con el Ayuntamiento para informarle de la apertura de un nuevo centro de ayuda humanitaria con 180 plazas en las instalaciones del hotel y fijar para el próximo 18 de junio una reunión sobre esta iniciativa.

La entidad religiosa ya ha adelantado al Ayuntamiento que se trata de un programa temporal hasta el 31 de agosto de 2024, en el que se acogerá, por emergencia humanitaria, a personas migrantes documentadas, procedentes de centros de Canarias y que ya han registrado sus solicitudes de protección internacional.

La obra Hospitalaria de San Juan de Dios ha anunciado que se reunirá con todas las asociaciones de vecinos constituidas legalmente para facilitarles toda la información, una vez se haya trasladado a las instituciones.

Ante la llegada de estos refugiados la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reclamado al Gobierno central una política migratoria coordinada y transparente tras enterarse “por la prensa”.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García – Gallardo (Vox), ha criticado la medida y ha pedido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que “aloje en su casa” a los migrantes.

Tras estas manifestaciones, el delegado del Gobierno ha reclamado a la Junta que “no se ponga de perfil” y que desautorice a García – Gallardo.

Ante esta situación, la secretaria general de CCOO en León, Elena Blasco, ha reclamado frenar el “alarmismo” y ha mostrado su preocupación ante la reacción de algunos sectores “políticos, sociales y de la prensa”.

Asimismo, ha recordado que se trata de personas que huyen de una situación de conflicto y de pobreza, cuyo origen se encuentra fundamentalmente en el neocolonialismo y el capitalismo, y que están amparadas por el derecho internacional y el derecho de asilo.

Según Blasco, “la criminalización de la inmigración, especialmente la procedente de África y Latinoamérica, alimenta un peligroso discurso de odio, racismo y xenofobia que está siendo utilizado por la extrema derecha como caldo de cultivo”.