El Gobierno de España y Canarias han cerrado este martes el acuerdo para el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre comunidades. ‘’El texto está cerrado’’, han asegurado fuentes del Ejecutivo autonómico a Canarias Ahora. La propuesta, que deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y por las Cortes, pasa por una reforma de la Ley de Extranjería que permita al Estado intervenir en momentos de intensos flujos de llegadas de niños y adolescentes al Archipiélago y a las ciudades de Ceuta y Melilla.

Torres: ‘’Sin el apoyo del PP no será posible una propuesta para derivar menores migrantes’’

El Estado y la comunidad autónoma han sellado ya el contenido del acuerdo, ‘’después de semanas de trabajo diario’’, tal y como ha señalado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Aún se desconoce cuándo empezará a aplicarse. Según Torres, ahora comienza la segunda fase, que consiste en conseguir el apoyo de los diferentes grupos políticos del Congreso de los Diputados. El Partido Popular y Vox ya han expresado en varias ocasiones su rechazo a las derivaciones de menores y adultos migrantes a la Península.

La red de acogida de menores lleva meses siendo el punto débil de la gestión migratoria en Canarias. En la actualidad, la comunidad autónoma tutela a más de 5.500 niños y niñas en 80 dispositivos. La situación de emergencia declarada por el Ministerio de Migraciones permite abrir nuevos recursos de manera ágil en función de las llegadas, según la Consejería de Bienestar Social de Canarias.

En los primeros nueve días de junio llegaron al Archipiélago 200 menores no acompañados. Solo este fin de semana, Salvamento Marítimo rescató a 808 personas que viajaban en pateras y cayucos hacia las islas. Según ha podido saber este periódico, el pacto que han cerrado este martes el Gobierno canario y el central se aplicará cuando los recursos del Archipiélago superen el 150% de su capacidad.

La primera opción ‘’siempre será la colaboración solidaria de las comunidades’’, han detallado fuentes próximas a la negociación. Cuando la acogida voluntaria no funcione, como ha ocurrido hasta ahora, el Estado podrá establecer una reubicación obligatoria basada en parámetros acordados previamente con las autonomías, que recibirán fondos para la atención de los menores.

Aunque aún no ha trascendido el contenido de este pacto, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sugirió que las pruebas de determinación de la edad se realizaran en las comunidades de destino. Una propuesta que la fiscal jefa de Canarias, María Farnés, tildó de arriesgada: ‘’Me parece muy peligroso porque perdemos de vista al menor, máxime cuando se pueden poner medios aquí para que se haga de manera rápida’’.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Este martes, las Comunidades Autónomas también se reunirán con el Ministerio de Juventud en una Conferencia Sectorial para acordar un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias con el fin de aliviar la red de acogida, que se encuentra ’’desbordada’’.

Durante el encuentro, se tratará de llegar a un acuerdo tras la propuesta del Gobierno el pasado 24 de abril en la Comisión Sectorial de trasladar a 300 menores desde Canarias y 100 desde Ceuta, para lo que se prevé una partida de 30 millones de euros de los presupuestos generales del Estado prorrogados.