El Ministerio de Juventud e Infancia reunirá este martes por la tarde a las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial para acordar un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados desde las Islas Canarias para aliviar sus recursos asistenciales, que se encuentran desbordados, según las autoridades locales.

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La reunión estará presidida por la ministra Sira Rego, comenzará a las 15.00 horas y, además de la cuestión del reparto de los menores desde el archipiélago, abordará la creación de un pacto de Estado contra la pobreza infantil.

Durante el encuentro, se tratará de llegar a un acuerdo tras la propuesta del Gobierno el pasado 24 de abril en la Comisión Sectorial de trasladar a 300 menores desde Canarias y 100 desde Ceuta, para lo que se prevé una partida de 30 millones de euros de los presupuestos generales del Estado prorrogados.

Sin embargo, fuentes del Ministerio han precisado a EFE que las cifras “se han afinado” desde aquella reunión hasta la cita de este martes y serán detalladas al finalizar el encuentro, una vez sean presentadas a las comunidades.

Este lunes, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, aseguró que “Canarias no aguanta más” la presión que ejerce en sus servicios de acogida de menores la llegada continua de pateras y cayucos, por lo que barajan acondicionar colegios en desuso para alojar a los niños y adolescentes no acompañados.

Solo en los primeros nueve días de junio han arribado 200 menores no acompañados y la comunidad autónoma atiende a 5.671 en los 80 centros habilitados, que ya son insuficientes, recalcó el portavoz.

Cabello indicó que Canarias solicitará en la Conferencia Sectorial de este martes la distribución de 300 nuevos menores migrantes a otras comunidades autónomas, pero con el convencimiento, dijo, de que será un “fracaso”, como ya lo fue en 2023, cuando se acordó lo mismo para 349, de los que solo se han trasladado 16. Uno de los principales escollos es la negativa de las comunidades gobernadas por el PP a recibir a estos menores, pese a que la petición llega desde el Gobierno canario, donde el PP gobierna junto a Coalición Canaria.

Aunque no forma parte del orden del día, también es previsible que las comunidades autónomas demanden información acerca de la reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno para establecer un reparto obligatorio de los menores, como ocurrió en la Comisión Sectorial del pasado mes de abril.

Esta medida, que hasta ahora el Ejecutivo ha negociado de forma bilateral con el Gobierno del archipiélago, busca dar cumplimiento al acuerdo al que se comprometió el PSOE con Coalición Canaria para investir a Pedro Sánchez.

Canarias apremió este lunes al Ejecutivo central sobre este asunto, ya que en su opinión ya no existe “la excusa de las elecciones europeas” y “no puede haber otra prioridad”, mientras que buena parte del resto de comunidades ha acusado al Gobierno de falta de transparencia y coordinación en esta cuestión.

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23 años de cárcel
En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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El otro tema que se tratará en la Conferencia Sectorial de este martes con las comunidades autónomas será la creación de un pacto de Estado contra la pobreza infantil, para lo que el Ministerio presentará un diagnóstico y un primer borrador con medidas.

También se escuchará la aportaciones de las autonomías, con el objetivo de “empezar a trabajar en lo concreto”, según explicó hace una semana la ministra Sira Rego.