IGNACIO LILLO/ilillo@diariosur.es
EN Teruel seguramente la noticia habrá pasado desapercibida, pero la iniciativa para permitir el voto en las municipales a los extranjeros con residencia legal en España no deja impasible a nadie en Málaga, una provincia en la que conviven gentes de tantos países distintos que algunos incluso ya han cambiado de nombre.

Puede ser cuanto menos divertido. Si se toma la norma en un sentido restrictivo, y el Gobierno se limita a ratificar los acuerdos ya existentes, se sumarían unos 25.000 nuevos votantes. A poco que algunas de estas nacionalidades, entre las que aparecen argentinos y colombianos, por citar sólo a los grupos más numerosos, se concentren en determinados municipios – como de hecho ocurre – pueden con su elección hacer bailar a más de un concejal en favor de uno u otro partido en los próximos comicios.

De manera que a la lista de asociaciones de vecinos, peñas y eventos varios en que los mandatarios locales se prodigan durante la campaña, se sumarán ahora los colectivos de inmigrantes, en busca de una foto sonriente, dándole la vuelta al asado o engalanado con vistosos ropajes precolombinos. Traten de imaginarlo.

Anécdotas aparte, lo cierto es que miles de ciudadanos de la provincia lo son sólo a medias. Pagan sus impuestos pero no tienen derecho a elegir a sus representantes, por lo que esta iniciativa es una forma de favorecer su plena integración.

A su vez, la concurrencia en las listas de todos los partidos de personas de estas comunidades puede suponer un soplo de ideas nuevas en los tediosos debates municipales.